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La financiación autonómica y el Estatuto catalán

Zapatero acepta buena parte de la propuesta de financiación autonómica de Cataluña

Gobierno y Generalitat discrepan en el reparto de entre el 20% y el 30% del dinero

El Gobierno afronta la fase decisiva para alcanzar un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica con una propuesta que trata de contentar a todos y, al mismo tiempo, cambia de forma radical cómo se distribuye el dinero entre las comunidades. Los principios básicos que defendió ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante los líderes de las dos autonomías más pobladas, José Montilla (Cataluña) y Manuel Chaves (Andalucía), llevan a un reparto que reduciría de forma drástica las diferencias en los recursos por habitante que logra cada autonomía.

Lo más novedoso en la propuesta del Gobierno, todavía sin bajar al reino de los números, es que condicionará el reparto de buena parte del dinero del sistema a que todas las comunidades logren un mismo nivel de recursos por habitante. Para ello, aplicará parte de la filosofía defendida por Cataluña, que aboga por limitar la redistribución del dinero en favor de las comunidades menos dinámicas que se aplica en el sistema actual. El Ejecutivo pondrá más dinero, de forma que todas las comunidades reciban más que ahora, pero serán las más pobladas y dinámicas las que captarán una mayor porción de esos ingresos adicionales.

El modelo reduce las diferencias en recursos 'per cápita' entre autonomías

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha afirmado en varias ocasiones que la reforma del sistema de financiación debe acabar con las "distorsiones" que ha producido en los últimos años. Autonomías como Extremadura, Castilla y León o Cantabria captan muchos más recursos por habitante que Cataluña, Madrid o Baleares, autonomías donde se generan más impuestos por su mayor actividad económica. Extremadura recibe unos 2.500 euros por habitante, Cataluña, unos 1.900.

Las comunidades del noroeste oponen que esto reconoce el sobrecoste que supone dar atención sanitaria o educativa a una población más dispersa y envejecida. Cataluña, con un argumento que comparten Comunidad Valencia, Baleares o Madrid, cree que se debe a que el sistema se pasa de solidario. De ahí que la Generalitat abriera el fuego de la negociación hace varios meses con la propuesta de limitar la redistribución de los ingresos a una parte del dinero que adjudica el sistema, entre el 65% y el 75% del total.

Según el consejero de Economía de Cataluña, Antoni Castells, eso es lo que pesan en el gasto autonómico la salud, la educación y los servicios sociales, las competencias donde debería asegurarse una prestación similar por habitante en todos los territorios. Las comunidades menos dinámicas llegarían a ese nivel gracias a la aportación del Estado y a lo que le sobrara a las comunidades más ricas. El resto del dinero (entre el 35% y el 25%), se adjudicaría a cada comunidad según su capacidad para generar ingresos con los impuestos cedidos.

La propuesta del Gobierno parte de una lectura similar pero con resultados distintos. Fuentes del Ejecutivo andaluz indicaron que Solbes plantea condicionar gran parte del reparto de fondos (en 2006 fueron 110.000 millones de euros) a lograr que todas las comunidades del régimen común alcancen el mismo nivel de recursos por habitante. Pero distribuiría una cantidad mayor del límite máximo calculado por Cataluña. Es decir, más del 75% de los impuestos cedidos a las autonomías.

La idea que baraja el Gobierno es que se estime un nivel promedio de recursos por habitante, al menos, en salud, políticas sociales y educación. Aquí la negociación será peliaguda, porque la población se ajustará con otras variables y las exigencias de las autonomías son muy dispares. Cataluña quiere que se tenga en cuenta el peso de la inmigración; Andalucía, la población en edad escolar y las comunidades del noroeste, que en el ajuste se tenga más en cuenta el envejecimiento o la dispersión territorial.

En ese fondo de nivelación, que absorberá la gran mayoría del dinero repartido, el Gobierno tendrá que asignar más recursos para reconocer el impacto de la Ley de Dependencia en la financiación de los servicios sociales. Pero cuenta con que se cubrirá casi en su totalidad por la redistribución de la porción equivalente (más del 75%) de los impuestos cedidos, que aumentarán de forma significativa en el nuevo sistema: del 33% en el IRPF o el 35% en el IVA recaudado en cada comunidad, se pasa ahora al 50% (58% en los impuestos especiales).

La mayor diferencia entre la propuesta del Gobierno y la catalana estriba en el 25%, o menos, de los recursos que quedarían por distribuir tras el reparto del fondo de nivelación. Aquí el Ejecutivo plantea aplicar una filosofía similar a la que impera en el sistema actual, lo que se traducirá en una disparidad en recursos por habitante parecida. Es decir, primero se establecen las necesidades financieras, luego se comprueba si con lo que queda de impuestos cedidos es suficiente y si, como será el caso de las comunidades menos dinámicas no es así, el Estado complementa el dinero necesario.

Aún falta poner los números a este esquema, pero la suma de los fondos de nivelación y suficiencia, tal y como los diseña el Gobierno, llevaría a que las diferencias en recursos por habitante se acortarían de forma sensible, pero no hasta el punto de que las comunidades más dinámicas se pusieran por delante de las menos dinámicas, según fuentes del Gobierno catalán.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 22 de diciembre de 2008