Perseguir las estrellas

Aznar en el banquillo. Muchos de los que estuvieron en las manifestaciones contra la guerra de Irak en 2003 seguro que verían con agrado esa posibilidad. La prepotencia del entonces presidente hablando con acento tejano y la creencia de que anteponía sus ambiciones personales por estar en la foto de las Azores a los intereses de millones de ciudadanos españoles a los que con sus decisiones puso en el punto de mira de los terroristas -las reivindicaciones de la célula de Leganés de los atentados del 11-M son elocuentes-, parecen razones suficientes para querer que ahora se le juzgue por haber prestado su colaboración a los estadounidenses en los denominados vuelos de la CIA y en los vuelos militares que trasladaron a prisioneros talibanes y de Al Qaeda a la base de Guantánamo, en Cuba. Sin embargo, la cuestión no es sencilla.

Una cosa es la dimensión política de lo ocurrido y otra la carga penal

Algunos supuestos expertos, que parece que se dejan llevar más por sus propios deseos que por la realidad de los hechos, se han precipitado a hablar de una cascada de delitos, entre los que figuran detención ilegal y falsedad documental, pero lo cierto es que con lo que se conoce de lo ocurrido y lo que figura en el sumario es muy difícil acusar de esos delitos al Ejecutivo de Aznar y, sobre todo, probarlo.

Por un lado, la Audiencia Nacional inició las investigaciones de los vuelos de la CIA por delitos de torturas. Se trataba de aviones civiles fletados por la agencia de espionaje norteamericana para trasladar a sospechosos de terrorismo, previamente secuestrados, a cárceles secretas fuera de territorio estadounidense para poder interrogarlos con métodos prohibidos en todas las convenciones internacionales. Ya no era un limbo jurídico, como Guantánamo, sino la comisión de graves delitos como secuestros de ciudadanos de terceros países. Si antes de los atentados de las Torres Gemelas y el Pentágono, Estados Unidos ya se comportaba como el sheriff del mundo, tras el 11-S traspasó todas las rayas rojas de la convivencia internacional, salvo lanzar una bomba nuclear.

Hasta el momento, lo único que se ha podido acreditar, por más que haya una lista de vuelos sospechosos, es que el 23 de enero de 2004 un Boeing 747 despegó de Palma de Mallorca en dirección a Macedonia. La CIA había secuestrado al ciudadano alemán de origen libanés Khaled el Masri, al que confundió con el terrorista de Al Qaeda Khalid al Masri. En Skopje lo subieron al avión procedente de Mallorca, lo trasladaron a Kabul, donde lo encarcelaron y torturaron durante varios meses hasta que se descubrió el error y lo pusieron en libertad. Lo que ocurre es que esa detención ilegal y las torturas infligidas no ocurrieron en España, sino en Macedonia y Afganistán. Y nadie ha podido dar cuenta al juez de irregularidades cometidas en España o por españoles en ese u otros vuelos civiles.

Ahora se suman a la causa los vuelos militares con destino Guantánamo, en los que se trasladaron a prisioneros talibanes y terroristas de Al Qaeda. También el caso cuenta aquí con numerosas aristas.

En los documentos que estos días ha revelado EL PAÍS, el 10 de enero de 2002 la Administración de Bush solicitó y obtuvo del Ejecutivo de José María Aznar la autorización para que aviones militares estadounidenses sobrevolaran o hicieran escala en las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) en los traslados de prisioneros a Guantánamo. En principio, esos traslados no tenían per se que ser ilegales si respetaban las convenciones de Ginebra. Adquirieron la ilegalidad cuando Bush privó a los talibanes de sus derechos como prisioneros de guerra y los consideró "combatientes enemigos ilegales". A partir de ese momento, recluidos en Guantánamo por tiempo indefinido, sin juicio a la vista y sometidos a procedimientos que la Cruz Roja ha calificado como "equivalentes a tortura", los norteamericanos incurrieron y siguen incurriendo en varios delitos, entre ellos, detención ilegal y torturas.

La pregunta que surge es: ¿Esos delitos se pueden aplicar a quien en España autorizó que los aviones sobrevolaran el territorio español?

Es muy discutible. Imagine que su cuñado le encarga que compre un cuchillo para cortar un jamón que le han regalado y luego lo utiliza para matar a su hermana. ¿Sería usted responsable de su crimen?

Por eso, habrá primero que demostrar que por España pasaron prisioneros talibanes, porque, que se sepa, nadie los vio ni en Morón ni en Rota, donde hubo escalas. Se me dirá que es obvio que pasaron porque aparecieron en Guantánamo: los 20 primeros llegaron a la base cubana el 11 de enero de 2002, un día después de la petición estadounidense.

Lo que ocurre es que los norteamericanos anunciaron que los vuelos de los traslados serían siempre directos y sobrevolando corredores aéreos internacionales. Si todos los viajes se realizaron de esa manera, los españoles no habrían cometido delito.

Además, está claro que algunos de los traslados tuvieron que ser directos porque con siete aviones militares, que son los que entre 2002 y 2005 hicieron escala en España, a razón de unos 20 detenidos por avión, no se llena Guantánamo, por donde han pasado hasta 800 prisioneros de 42 países.

Luego, habría que probar que Aznar o el miembro de su Gobierno que autorizó las escalas conocía previamente que Bush iba a detener ilegalmente o torturar a los prisioneros, circunstancia más que dudosa. Más probable parece que el presidente del Gobierno pudiera saber que Bush no iba a respetar los derechos civiles de los talibanes, lo que, en caso de probarse, supondría una complicidad en un delito del artículo 542 del Código Penal, que castiga con inhabilitación para cargo público a la autoridad que a sabiendas impida a una persona el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos en la Constitución y en las leyes.

A simple vista se aprecia que la situación dista mucho de estar clara y antes de empezar a correr hay que saber andar. Porque una cosa es la dimensión moral y política de lo ocurrido -una chapuza vulneradora de los derechos humanos reprobada en todas las instancias internacionales- y otra, la responsabilidad penal.

Es cierto que el caso ha avanzado mucho desde que se inició, pero, al menos de momento, tratar de imputar a Aznar es una arrebatada fantasía, como perseguir las estrellas.