Calma chicha en la Universitat

Un numeroso grupo de alumnos se agolpaba ayer a la puerta del salón de grados de la Facultad de Derecho de Valencia, donde iba a dar una conferencia María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional. Desde lejos, vista la tensión en la que ha estado sumida la Universitat de València en las últimas semanas, podía pensarse en un acto de boicot como el que se produjo el 6 de noviembre en el Jardí Botànic, cuando un centenar de jóvenes impidió un acto de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación al que asistía, entre otros, el director general de Universidades del Gobierno. Falsa alarma. Los alumnos se amontonaban junto a la puerta para oír a la presidenta del Constitucional, y el mayor problema para los organizadores era la escasa capacidad del salón de grados.

La polémica ha ocultado el cambio de modelo de aprendizaje

Los últimos 10 días de la universidad han sido sido de los que no se olvidan. El 26 de noviembre los estudiantes llevaron la protesta anti-Bolonia a interrumpir el consejo de gobierno, que fue disuelto. En la madrugada del 27 al 28 ocurrieron los sucesos de la Facultad de Derecho, de los que podría hacerse una lectura casi cómica -las largas negociaciones previas, los alumnos corriendo hacia cada puerta por la que los profesores intentaban salir, para aprovechar el momento para colarse en el interior-, si no fuera por las consecuencias que acabó teniendo: los docentes pasaron unos 40 minutos retenidos en la facultad y la abandonaron escoltados por la policía; y dos alumnos fueron detenidos días más tarde (el lunes) por aquello (y por la ocupación del rectorado) y uno de ellos ha sido imputado por desórdenes públicos.

¿Está recobrando la normalidad la universidad? Un primer vistazo haría pensar que no: las acampadas continúan en siete facultades (y ayer se anunció una nueva en la Universidad de Alicante), y el miércoles, un centenar de estudiantes, dos de ellos encadenados y con caretas, calificaron al rector, entre otras cosas, de "dictador".

Pero lo cierto es que con todo eso los dirigentes pueden convivir. Los conflictos en torno a los encierros se agriaron a causa de la campaña electoral (varias asambleas anti-Bolonia concurrían a las elecciones), y la campaña ya ha concluido. Y por la forma de controlar el acceso nocturno a las facultades para garantizar, sobre todo, que los que entraban fueran alumnos (el intento del decano de Derecho de elaborar un listado originó el incidente de la semana pasada, porque los alumnos consideraron que pretendía crear una "lista negra").

Las movilizaciones, las reivindicaciones e incluso la crítica directa contra quienes dirigen la Universitat de València no son una novedad, como puede comprobarse en las hemerotecas o en cada apertura de curso.

"No sé si está volviendo la normalidad", respondía ayer Enrique Bigné, vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación, "pero es verdad que hoy ha sido un día tranquilo, y que se están abriendo puentes de diálogo para encontrar puntos de acuerdo y de consenso".

Bigné se refería a que el rectorado ha empezado a hablar con los representantes claustrales salidos de las votaciones de alumnos realizadas la semana pasada. Y entre ellos hay numerosos miembros de las asambleas anti-Bolonia que arrasaron allí donde se presentaron, pero que vieron frenado su peso en el claustro al hacerlo sólo en seis de los 19 centros.

La dirección de la universidad, que ha tenido algunos momentos muy tensos con ellos, puede no ver a los anti-Bolonia como sus interlocutores preferidos. Pero el nuevo escenario tiene sus ventajas: es posible que alguno de los alumnos que la semana pasada interrumpieron el consejo de gobierno se sienten en él como representantes del claustro, y allí podrán exponer sus posiciones. Como lo dice Bigné: "Hay que entenderse en los órganos de representación estatutariamente reconocidos".

El vicerrector hacía también autocrítica hacia la propia institución. Lo que demuestran las protestas (y sobre todo algunos de sus planteamientos, como la creencia de que algunas carreras van a desaparecer) es que en la tarea de información han fallado el Gobierno, la Generalitat y la propia Universitat. Y mientras el rector reclamaba al Ejecutivo la puesta en marcha de una potente campaña para explicar qué es eso del proceso de Bolonia, tanto él como sus vicerrectores apenas hacían comparecencias públicas (aparte del multitudinario debate con alumnos) para explicar su postura. "Está claro que cualquier cosa que se haga en el campo de la información es mejorable", afirma Bigné, "y aunque lo hemos explicado en la web y en el Nou Dise (publicación interna), tenemos que hablar, explicar, identificar dudas y dialogar".

Ayer, mientras Casas hablaba de derechos humanos y los alumnos anti-Bolonia proseguían pacíficamente su encierro en el mismo edificio, una profesora de Tarongers lamentaba que con la polémica se haya olvidado el, quizá, mayor desafío que plantea Bolonia: el paso de las clases magistrales a un nuevo modelo de aprendizaje más participativo. Para que ese cambio saliera bien harían falta motivación y recursos. Y ninguna de las dos cosas está garantizada.