Puntuación para diez criterios

En la convocatoria del concurso para la concesión de televisiones locales, la Comunidad de Madrid estableció un mecanismo de puntuación de acuerdo a diez criterios. A cada uno de esos baremos le correspondía un máximo de 10 puntos. Teóricamente, se valoraba la pluralidad de la oferta informativa, la viabilidad económica, la calidad técnica y la información específica de la demarcación de cada proyecto, es decir, aquellas noticias relativas a Madrid, Alcobendas o Móstoles.

Se tenía también en cuenta la calidad y pluralidad de los contenidos de la programación, los servicios adicionales y "la satisfacción de las diversas demandas y plurales intereses del público". Y se puntuaba la creación de empleo, la promoción, social, económica y cultural y la contribución al desarrollo tecnológico e industrial en la Comunidad. Además, las entidades sin ánimo de lucro tenían, de entrada, 5 puntos.

El Ejecutivo madrileño nunca hizo pública la calificación de los candidatos. Era su manera de no justificar que recibieran licencias empresas con nula experiencia en el sector. Ese fue el caso de Libertad Digital, pilotada por Jiménez Losantos, que fue agraciado con cuatro, o Kiss TV, presidida por Blas Herrero, que recibió dos. A cambio, dejó fuera a operadores consolidados en Madrid, como Localia, Canal 7 (creada por José Frade) o algunas emisoras agrupadas en la Asociación de Televisiones Locales.

"Actuación política"

La Comunidad se había regido, según recoge la sentencia, por un criterio opuesto: dar más puntos a empresas con menor implantación en el sector para así fomentar "la pluralidad informativa". Pero todas las licencias fueron a parar, indisimuladamente, a grupos afines al PP.

Tampoco tuvo en cuenta una ley nacional que primaba las emisoras locales que estuvieran en funcionamiento antes de 1995. En esa situación se encontraban algunas estaciones de Localia y otras vinculadas a la Asociación de Televisiones Locales. Todas quedaron fuera del reparto. El presidente de esta entidad, Francisco Pérez, consideró ayer que la sentencia pone de manifiesto que el Gobierno regional "actuó de manera política" a la hora de adjudicar las frecuencias y propuso que se permita a las televisiones perjudicadas, al menos cautelarmente, poder saltar a la televisión digital terrestre.

En el caso de Localia la sentencia llega dos semanas después de que se anunciara la suspensión de sus actividades. Entre los motivos del cierre, PRISA argumentó el incumplimiento de las Administraciones en los plazos fijados para la concesión de licencias y "la arbitrariedad política" con la que se resolvieron algunos concursos.