La Ley de Dependencia excluye los geriátricos de los servicios gratuitos

La gratuidad en las ayudas de la Ley de Dependencia sólo alcanzará a las rentas más bajas y en las prestaciones menos costosas. Los más humildes también tendrán que aportar por tener una plaza de residencia. El Ministerio de Educación y Políticas Sociales, que dirige Mercedes Cabrera, y las comunidades han cerrado el desarrollo normativo de la Ley de Dependencia dejándolo muy abierto. Los márgenes son tan anchos que cada autonomía podrá legislar a su modo. Apenas se han acordado unos mínimos comunes sobre la cuantía económica que tendrán que aportar los beneficiarios de la ley y sobre el personal que los atenderá.

Los ancianos cuya pensión no alcance los 517 euros no tendrán que aportar nada por los servicios que se les preste, salvo si se les concede una plaza en un geriátrico. En ese caso, cada comunidad decidirá cuánto pone el usuario: puede que nada, o puede que una buena parte, aunque nunca el coste total. Los que estén por encima de los 517 euros pagarán una parte del servicio que reciban (a menos que la comunidad quiera dárselo gratis, harto improbable). Para decidir cuánto aportará cada beneficiario se considerará su propia renta, no la de la unidad familiar. La vivienda habitual del usuario sólo computará en la renta cuando se le otorgue una plaza de residencia. Pero no si en ella vive el cónyuge, hijos menores, discapacitados o familiares a cargo del anciano.

El acuerdo de copago establece también que los cuidadores familiares nunca cobren menos del 75% de la ayuda correspondiente. Y para el resto de las prestaciones económicas previstas, nunca se pagará menos del 40%.

Respecto a la calidad de los servicios que se presten y a la cualificación del personal, desde el director a los auxiliares de los centros geriátricos tendrán que tener una titulación adecuada. El 35% de ellos deberán acreditarla en 2011 y para 2015, todos. Los centros geriátricos deberán tener en 2015 casi un trabajador por cada dos usuarios.

Ambos acuerdos han salido por mayoría, con la abstención de las comunidades gobernadas por el PP y Canarias. El PP lamentó que no sean decretos, como otros desarrollos de la ley. No confían en la obligatoriedad de un simple acuerdo. Habrá, dicen, 17 modelos para atender a los dependientes. La consejera catalana, Carme Capdevila, se abstuvo en el acuerdo de acreditación de centros, por las competencias autonómicas. Advierte que la falta de financiación puede obligarla a suspender las ayudas de uno a tres meses.