La falta de dinero obliga al Gobierno a aplazar las ayudas por dependencia

El anuncio era más que previsible, dadas las reiteradas advertencias de todos y cada uno de los miembros del Gobierno catalán en los últimos meses. Pero ayer el aviso se materializó. La consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, admitió que la Generalitat aplazará de uno a tres meses el pago de las ayudas económicas de la Ley de la Dependencia debido a la falta de recursos. Y no será, precisamente, por la escasa voluntad del tripartito catalán de hacerlas efectivas, sino por el retraso en las transferencias de dinero procedentes del Gobierno central. La ley establece que los ejecutivos central y autónomo se harán cargo, a partes iguales, de dos tercios de estas prestaciones, pero en la práctica, la Generalitat está pagando tres de cada cuatro euros. Y la hucha no da para tanto y, al final, acaba por agotarse.

El pasado 14 de noviembre, el Parlament ya aprobó una moción por la que instaba al Estado a destinar más recursos para cumplir el calendario de la Ley de la Dependencia y el presidente, José Montilla, culpó directamente al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de no "estar a la altura de las circunstancias" en este asunto. El Gobierno central prevé para 2009 unos 400 millones de euros adicionales para hacer frente a estas prestaciones, cantidad que ayer el diputado republicano Joan Ridao consideró insuficiente en su intervención en el pleno del Congreso.

Para el próximo año, la Ley de la Dependencia absorberá nada menos que el 40% del presupuesto de Acción Social y Ciudadanía, es decir, 694 millones de euros, y el número de personas que pueden acceder a las ayudas no para de crecer.

Ayer, Carme Capdevila precisó que las prestaciones no están, ni mucho menos, en peligro, pero "por razones presupuestarias" su cobro "puede dilatarse". No concretó el periodo, pero aseguró que el aplazamiento será de entre uno y tres meses. La consejera no aclaró qué dependientes van a quedarse sin las ayudas de forma temporal, pero el número va en aumento. El próximo mes de enero, unas 30.000 personas -frente a las 5.762 actuales- verán evaluado su nivel de dependencia en grado 1 (personas que requieren ayuda una vez al día para su aseo personal u otra necesidad básica).

La oposición catalana puso el grito en el cielo una vez que Capdevila verbalizó el anuncio. El diputado de Convergència i Unió Josep Lluís Cleries acusó a la consejera de "engañar" a los ciudadanos porque, aseguró, muchos de ellos todavía están esperando el cobro de las ayudas cuando ya se les ha evaluado. Para Cleries, el problema también radica en la "mala gestión" de la Generalitat. Más información en la página 37