En el nombre de 'Bolonia'

El nombre de Bolonia, la universidad más antigua de Europa, se está utilizando en vano. Vale para todo. Más allá de los lógicos desacuerdos o matices de cualquier iniciativa de alcance, se está viendo cómo una combinación de explicaciones insuficientes está llevando de boca en boca el nombre de Bolonia hasta convertirlo en un término controvertido, sagrado para unos y maldito para otros. La realidad es muy sencilla: la Declaración de Bolonia, firmada en 1999 por 29 países, pretende crear, nada más y nada menos, una especie de Unión Europa Universitaria ampliada. Pero su contenido se resume en sólo tres puntos: movilidad estudiantil en Europa, estructuración de los estudios en tres niveles (grado, máster y doctorado), y articulación de los programas en créditos europeos (ECTS), que, además de las horas de clase, incluyen el trabajo personal de los estudiantes. Por decirlo en términos rotundos, todo lo demás no es Bolonia.

El acuerdo tenía un objetivo: facilitar la movilidad de los titulados

Zapatero tuvo que desmentir que desaparecerían carreras

Las presiones gremiales han ido engordando las protestas

Ahora hay decenas de concentraciones, encierros y acampadas

El nombre de Europa se ha usado muchas veces para justificar cambios

El Ministerio de Ciencia ha hablado poco del tema hasta ahora

En realidad, algunas de las quejas tienen que ver de refilón con el proyecto de cambio, pero no con el de Bolonia, sino con el del Gobierno español. Éste decidió aprovechar la convergencia europea para actualizar los títulos, algo que algunos veían imprescindible y otros necesario sólo en algunos aspectos. Se hizo primero un catálogo de títulos -con María Jesús San Segundo como ministra de Educación, entre 2004 y 2006-, lo que desató una primera contienda. Bastó con una primera propuesta en la que, por ejemplo, se proponía integrar la carrera de Historia del Arte en la de Historia o las filologías, para que empezaran las protestas. Las facultades de Historia del Arte tardaron pocos días en salir a la calle contra la eliminación de sus carreras. Se armó tal follón que el ministerio no fue capaz de reaccionar a tiempo. El propio Zapatero tuvo que desmentir personalmente que no iba a ser así. Aquel proyecto está más que enterrado y ahora no hay catálogo alguno, las universidades pueden proponer los títulos que quieran con total libertad, aunque pasan por evaluaciones, que son también parte del problema actual.

A día de hoy, la implantación de esta reforma en España está en la media de los países de la UE, a la mitad más o menos. En las 76 universidades españolas (50 públicas) las desigualdades son notables. Acusadas además por su gran variedad. Las más jóvenes, como la Carlos III de Madrid, se han apresurado: este año imparte todas sus titulaciones de Grado (30) -que equivalen a las antiguas licenciaturas y diplomaturas- ya homologadas con la UE. Pero también es verdad que lo tenían más fácil que los grandes centros, como la Complutense -que tiene ahora 65 carreras, entre licenciaturas, diplomaturas e ingenierías-. Este centro prevé tener una treintena presentadas al Consejo de Universidades antes de fin de año para su homologación.

El proceso establecido de aprobación de nuevos títulos en España es parte del problema. Las universidades deben presentar sus títulos al Consejo de Universidades para su homologación. Este organismo manda a su vez cada propuesta a la agencia nacional de evaluación (Aneca) y debe darle el visto bueno para que el Consejo universitario lo apruebe posteriormente. Luego lo hace oficial el Consejo de Ministros. El curso pasado (2008-2009), la Aneca rechazó 60 títulos de los 200 que le presentaron, todos de Grado, pero tras las reclamaciones aprobó otros 23. Es decir, el saldo fue de 163 aprobados y 37 rechazados. En el curso actual, las universidades han presentado otros 406 títulos de Grado y 48 másteres. Todos están pendientes de evaluación.

Meter mano a la universidad siempre ha sido arriesgado. Precisamente, por temor a las protestas estudiantiles y docentes. La reforma (que debe estar lista en 2010) empezó a dar miedo a los gobiernos (del PP, primero; y del PSOE, en el inicio de la pasada legislatura) y no se abordó de verdad hasta que llegó Mercedes Cabrera (a mitad de 2006) al Ministerio de Educación, del que paradójicamente en esta legislatura ya no dependen las universidades, son competencia del Ministerio de Ciencia e Innovación. Esto, unido a las presiones gremiales de diversos colectivos universitarios por no perder poder académico (esto es, número de cátedras, de docentes, de departamentos... y, por supuesto, de alumnos a los que va en parte vinculada la financiación), ha hecho que la bola contra Bolonia haya ido engordando mes a mes.

Ahora hay decenas de concentraciones, encierros en facultades, acampadas en las puertas de los centros superiores... El movimiento estudiantil contra Bolonia es asambleario, pero en los dos últimos años se ha intensificado. Empiezan a organizarse y comienzan a preocupar a los responsables de las universidades. ¿Qué piden? En resumen, que se pare el proceso de Bolonia.

Europa vende en España, siempre ha vendido. En el nombre de Europa se han justificado iniciativas, mejores o peores, económicas, sociales y políticas. En el caso de Bolonia se ha usado el nombre casi como reclamo. La Universidad de Bolonia se fundó en 1088 y se creó además a partir de las escuelas municipales, lo que la diferencia de las otras grandes universidades europeas, con origen episcopal (Oxford, París...).

En España, el movimiento estudiantil antibolonia es asambleario y no es antieuropeísta, como explica una de sus portavoces, Olga Arnaiz. Tiene 24 años y es estudiante de doctorado de Estudios Ingleses en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Respecto a la privatización que, según estos alumnos, hay detrás de esta reforma, Arnaiz explica: "No estamos en contra de que la universidad se renueve ni de que responda a las necesidades de la sociedad, pero sí lo estamos de que se ajuste a las necesidades de las empresas. La universidad no está para formar mano de obra con conocimientos específicos. Y se están creando cátedras con el nombre de empresas, como la de la farmacéutica Pfizer. Aparte de la publicidad que supone, preferiríamos que se hiciera con dinero público. Pedimos que el Estado dedique mayor presupuesto a la universidad", añade la portavoz estudiantil. Este movimiento asambleario nació el año pasado en Madrid, en las facultades de Filosofía y Filología, explica Arnaiz. Aunque ya hubo brotes durante los dos años anteriores en algunas universidades, especialmente en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. El pasado día 14 salieron miles de alumnos a la calle en Madrid y cientos en otras ciudades.

"Es verdad que Bolonia no tiene la culpa, es la excusa que ha usado el Gobierno para una reforma de las carreras que en muchos casos, como en Filología, lleva a perder muchas asignaturas", afirma Arnaiz. ¿Qué quieren los estudiantes? "Que se pare la aplicación de los nuevos Grados; que se abra un debate con toda la comunidad académica para que entre todos se construya una nueva alternativa; que las tasas de las matrículas no suban en los próximos años por esta reforma; que los másteres tengan precios públicos, que sean asequibles, y que se multiplique el número de becas para todas las titulaciones de Grado y Máster". También quieren que las prácticas del último año del Grado (el cuarto) sean gratuitas. Los alumnos tienen que pagar la matrícula de las asignaturas que se contienen prácticas en empresas.

"El cambio de magnitud real que ha experimentado la sociedad en los últimos 20 años se escapa a los que protestan, ahora la universidad tiene que dar formación al 50% de los jóvenes de esa edad", señala el vicepresidente de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, Francesc Solé Parellada. "Uno de cada 500 españoles es profesor o tiene algún contrato con la universidad. Aparte de los alumnos, está vinculado con ella todo su personal y también la sociedad en su conjunto. Todos ellos son clientes de la universidad. La mayoría de los alumnos sí quieren profesionalizarse, que les enseñen el conocimiento de una profesión. Y una sociedad no puede permitirse pagar la educación del 50% de la población de esa edad sin que realmente se les profesionalice. También son importantes en la universidad el aprendizaje de valores, el aprender a aprender y la actualización de contenidos. La cuestión es buscar el equilibrio entre todo esto, y eso es lo que pretende Bolonia, lo que es muy positivo", concluye Solé Parellada.

Otra de las cuestiones que ha sido clave para agudizar el conflicto ha sido la desvinculación de las universidades del Ministerio de Educación. En esta legislatura han pasado a depender del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación. El hecho de que la ministra Cristina Garmendia, una profesional procedente del mundo de la empresa, esté al frente de las universidades y el discurso que defiende desde él de dar prioridad al objetivo de transformar el conocimiento en innovación no ha ayudado mucho. O no ha sido explicado con acierto. Así lo han entendido los colectivos de profesores y los alumnos antibolonia.

Lo cierto es que el ministerio de Ciencia e Innovación ha hablado poco del tema hasta ahora. También lo ven así los rectores más afectados. Los que tienen concentraciones de alumnos quejándose por Bolonia en las puertas de sus facultades, como los de las universidades de Barcelona, Complutense, de Sevilla o de Valencia.

El secretario de Estado de Universidades, Màrius Rubiralta, ocupó, antes de este puesto, el de rector de la Universidad de Barcelona, y vivió en sus propias carnes las quejas de los estudiantes. Rubiralta se defiende.

Está de acuerdo en que se está mezclando todo: "Hay que separar Bolonia de los problemas de las universidades, que estamos intentado abordar en la Estrategia 2015, como la financiación o la relación entre el sistema público y privado. Pero esto se está hablando ahora y no tiene nada que ver con el espacio europeo de educación superior. Ir contra eso sería ir contra Europa". "Las asambleas que se están organizando no sirven para poner nada en claro, ponen a los rectores en la picota, les quitan autoridad", añade. "El Gobierno está defendiendo a la universidad pública, no es verdad que se haga lo contrario y cada vez hay más ayudas. Por ejemplo, las condiciones de los préstamos-renta se han rebajado aún más, no es verdad que se hipoteque con ello el estudiante, como se está diciendo", sostiene el secretario de Estado. Rubiralta opina que hay que abrir un debate con los representantes de los alumnos en los órganos de gobierno de las universidades para intentar aclarar este conflicto.

"El problema es que tampoco esto es converger con la UE", dice el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, uno de los que menos inconveniente tiene en hablar claro. "El proceso se ha llevado mal desde el principio y se han metido muchas cosas juntas, eso es lo que ha complicado todo. Y ahora todos los mensajes de Bolonia que llegan a la sociedad son negativos. Incluso gente con cierto predicamento intelectual está diciendo que esto es el hundimiento de la universidad, y eso es una barbaridad. Bolonia es algo positivo y necesario, es una oportunidad para que los estudiantes se puedan mover más por el mundo, y el ministerio no ha salido lo suficiente a defenderlo. Otra cosa son los problemas de financiación o los cambios derivados de poner los títulos de Grado a cuatro años, cuando en la mayor parte de los países se ha optado por un Grado de tres años y un Máster de dos. Eso ha creado muchos inconvenientes".

En todo el proceso ha estado presente la presión de diversos colectivos académicos y profesionales que no querían que sus títulos fueran reducidos en años, pudiendo perder con ello profesores y financiación. Ésta, la de cada universidad, la deciden las comunidades autónomas, pero está vinculada al número de alumnos. En este punto está el miedo de algunos colectivos y es en buena parte lo que ha alimentado el conflicto. Que algunos cambios hagan más atractivos otros títulos que el suyo y perder alumnado.

Aporta una visión complementaria el rector de la Universidad Antonio de Nebrija, Fernando Fernández. "Se ha convertido en la reforma pendiente de la universidad española y esto ha sido un error. En la trasposición de esta reforma en una legislación que obliga a que las carreras tengan un número concreto de créditos y a que pasen la evaluación de la Aneca se perdió la gran oportunidad. Se cercenó la autonomía de la universidad haciendo pasar cada título por esa agencia, lo que aumenta la burocracia, y debería replantearse". No es el único ni mucho menos que opina así. La burocratización es una queja de no pocos profesores y rectores, quienes aseguran que ha contribuido a retrasar la puesta en marcha de los nuevos títulos.