El Gobierno destina 17 millones para proteger los juzgados y a los jueces
La cúpula judicial espera mantener una reunión a tres con Interior y Justicia
Cuando tomó posesión como juez el 13 de julio de 2007, Izaskun Jaca no podía imaginarse el significado tan real del ruego enfático formulado ese mismo día por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco: "El País Vasco es el único lugar de España y de Europa en el que el colectivo judicial en su conjunto debe disponer de medidas personales de seguridad". Por ello, Fernando Ruiz Piñeiro les aconsejó "encarecidamente" que las adoptaran.
ETA mantiene a la judicatura en su punto de mira. Y su obsesión con los palacios de justicia -desde noviembre del año pasado los terroristas han atacado cuatro juzgados en Euskadi- no ha cesado desde el fin oficial del alto el fuego permanente, el 5 de junio de 2007. Izaskun llegó en verano a su plaza en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Bergara. Y ETA lo voló unos pocos meses después, el 8 de febrero pasado. Fue entonces cuando Izaskun vio muy de cerca el primer zarpazo etarra del que le habló en su día el presidente del Tribunal Superior. Junto a ella, otros siete jueces tomaron posesión ese verano de su puesto en Bergara, Eibar, Irun, Durango y Balmaseda.
Algunos magistrados alertan del "relajo" en la seguridad de varios de sus colegas
Las partidas de Interior y Justicia para protección crecerán en 2009
La ofensiva de ETA contra la judicatura vasca -el último atentado contra los juzgados vascos se produjo a principios de octubre en los de Tolosa- obliga anualmente al Ejecutivo autonómico a destinar millones de euros en protección. Los presupuestos previstos por las consejerías de Interior y Justicia para el próximo año incluyen dos partidas diferenciadas. La de Interior, destinada a proporcionar escoltas a jueces y fiscales que trabajan en la comunidad autónoma, sumará unos 12,5 millones de euros, lo que suponer un crecimiento de medio millón de euros frente a este año. En Euskadi hay unos 200 jueces y algo menos de 90 fiscales, según datos oficiales.
La partida del Departamento de Justicia para protección en 2009 de sedes judiciales y los centros de menores -ETA ya atentó contra el centro cerrado de Zumarraga en febrero de 2001, causando daños por valor de 2,5 millones de euros-, se eleva a 4,7 millones. Supone un crecimiento del 8% frente al ejercicio que ahora vence, que fue de 4,39 millones. La parte más importante -"más del 90%", según precisaron portavoces de la consejería que dirige Joseba Azkarraga- está dirigida a la seguridad de las sedes judiciales. En total, los dos departamentos destinan más de 17 millones de euros a este fin.
Hay cierta preocupación entre los jueces más concienciados por el "relajo" de algunos de sus colegas en materia de seguridad. "José María Lidón pensaba que la amenaza de ETA contra la judicatura no iba con él", recuerda un juez en activo. "Creía que era cosa de algunos jueces que reiteradamente aparecíamos en los papeles de ETA. Los terroristas lo asesinaron en 2001 cuando salía de su casa en Algorta, pese a que no había aparecido como objetivo de ningún comando. Y la policía nos sigue diciendo que los objetivos prioritarios somos los jueces y los policías", recalca el mismo juez.
Tras la cita mantenida el pasado 15 de octubre entre la cúpula judicial y representantes de Justicia, los jueces, con Piñeiro a la cabeza, están a la espera de una reunión a tres bandas con Justicia e Interior para profundizar en las medidas de seguridad.
Como en las comisarías de policía
El enfrentamiento entre la cúpula judicial vasca y el Departamento de Justicia parece ir perdiendo fuerza. Uno de los elementos que puede ayudar a limar la relación entre ambas partes es el nombramiento de los tres vocales delegados del Consejo del Poder Judicial para Euskadi -la peneuvista Margarita Uria, Félix Azón (de la progresista Jueces para la Democracia) y Manuel Almenar (de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura).
El mismo día en que los tres nuevos vocales se reunieron con el lehendakari Ibarretxe, el pasado 11 de noviembre -en el encuentro se habló de la seguridad en los juzgados-, la cúpula judicial intercambió impresiones con ellos en torno a una mesa, en un renombrado asador bilbaíno. Se repasaron muchos temas y también se habló de seguridad.
Para entonces, Margarita Uria ya había tenido su primer contacto con las necesidades de seguridad de los jueces tras el atentado de ETA contra el juzgado de Tolosa. En conversación con la juez decana de la localidad guipuzcoana -"Llamé para ver cómo estaban y cómo había sido todo"-, comprobó que los protocolos "habían funcionado bien". Pero fue imposible evitar el atentado. Los servicios de contravigilancia de la Ertzaintza, que ya funcionan para los juzgados, las sedes de partidos susceptibles de ser atacadas y los domicilios de determinadas personas amenazadas, no llegan a cubrir la seguridad las 24 horas del día. Entre otras cosas, porque no hay agentes suficientes para controlar esos puntos calientes todo el tiempo.
Los jueces quieren aplicar algunas medidas para ampliar al máximo la seguridad del personal (jueces, fiscales, forenses, secretarias, agentes, etc.) que trabaja en las guardias en los juzgados, ya que los etarras aprovechan las madrugadas y, casi siempre, los fines de semana, para atentar. "La Ertzaintza ha hecho una especie de mapa de lugares seguros en cada comisaría para que los ertzainas puedan ir en el caso de colocación de un coche bomba o de un artefacto en la comisaría y sea imposible el desalojo", explica un juez que lleva estos siete años muy encima de la seguridad. "Lo que queremos es algo similar en los juzgados, sobre todo en los que hay gente trabajando toda la noche de guardia". Es sólo una de las peticiones que los jueces quieren discutir con Interior y Justicia.
Últimos atentados contra juzgados
- 11 de noviembre de 2007. Los dos liberados (a sueldo) del entonces comando Vizcaya, Arkaitz Goikoetxea y Jurdan Martitegi, colocan sendas bombas, una de ellas una trampa en una papelera, ante los juzgados de Getxo.
- 16 de diciembre de 2007. Un legal (sin fichar por la policía) del comando Vizcaya coloca de madrugada una mochila bomba en el Juzgado de Paz de Sestao. Las obras de rehabilitación estarán terminadas en abril y costarán 113.000 euros. El Departamento de Justicia pagará su reconstrucción.
- 8 de febrero de 2008. Los terroristas destrozan el juzgado de Bergara al colocar una mochila bomba. Este atentado es la primera acción terrorista cometida en 2008. Un encapuchado al que grabaron las cámaras de seguridad del edificio judicial puso los 15 kilos de material explosivo.
- 4 de octubre de 2008. Dos terroristas colocan una mochila cargada con casi 10 kilos de amonal en la fachada del juzgado de Tolosa. Tras el ataque se abrió una agria polémica por la seguridad entre la cúpula judicial y el consejero Joseba Azkarraga.
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