Una ley fijará los contenidos de la televisión pública

El Gobierno ha dado los primeros pasos para sacar adelante la Ley General Audiovisual, una promesa incumplida desde la primera legislatura del PP. El impulso viene directamente de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que aspira a lograr un consenso entre todos los agentes implicados. La nueva norma regulará tanto el sector público como el privado. Será "una ley marco", según el Ejecutivo, que se ajustará a la directiva de Televisión sin Fronteras e incluirá la creación de un Consejo de Medios Audiovisuales. El Ministerio de Industria, encargado de su tramitación parlamentaria, calcula que estará lista en marzo de 2009.

Por primera vez, se establecerá una clara diferenciación entre los contenidos de las televisiones públicas y las privadas para evitar que ofrezcan -como ocurre ahora- programaciones clónicas. Las emisoras (estatales o autonómicas) financiadas con el dinero de los impuestos tendrán que cumplir los compromisos de servicio público que actualmente está redactando Bruselas. Será la manera de justificar las jugosas subvenciones que reciben. RTVE y los 13 entes regionales consumen cada año alrededor de mil millones de euros procedentes de las arcas públicas.

Para eludir conflictos, la nueva ley quiere dejar muy bien delimitado el modelo de financiación. Uno de los objetivos del Gobierno es que TVE vaya recortando poco a poco su dependencia del mercado publicitario, hasta el extremo de suprimir completamente los anuncios. El Ejecutivo evalúa los efectos que tendría reducir en TVE un minuto de publicidad/hora por año. Para 2009, el tope será de 10 minutos (frente a los 12 de las cadenas comerciales), de manera que en una década la publicidad podría ser cero. Uteca, la entidad que agrupa los operadores privados, quiere que las autonómicas sigan el ejemplo de TVE. De momento, cada una aplica su propia norma, pero la nueva ley unificará criterios porque será (sin perjuicio de las competencias autonómicas) de carácter "general".

La cuestión a resolver es cómo será entonces el modelo de financiación. Una de las alternativas puestas sobre la mesa es la fórmula diseñada en Francia por Nicolas Sarkozy, que pasa por costear la televisión pública con una tasa sobre los beneficios de las privadas (Telecinco y Antena 3 ganaron conjuntamente el año pasado más de 500 millones de euros). Las cuentas del sector privado serían más desahogadas porque se repartirían la porción de la tarta publicitaria que actualmente se comen las públicas. TVE acaparó el año pasado 713 millones de euros y las autonómicas absorbieron 350 millones, según InfoAdex.

A diferencia de los modelos imperantes en Europa, el Gobierno rechaza implantar un canon para sufragar los gastos de las corporaciones públicas, aunque no descarta que puedan explotar fórmulas como el patrocinio. En una reunión celebrada la semana pasada con el consejo de administración de RTVE y los sindicatos, Fernández de la Vega apostó por un modelo público fuerte y de calidad.

Destinada a reordenar una maraña de normas dispersas y muchas de ellas obsoletas, la ley audiovisual se adaptará al nuevo entorno tecnológico. Regulará la televisión en movilidad (portátil) y pondrá orden en el sector radiofónico, donde se han instalado 2.000 emisoras piratas sin que nadie se preocupe de desalojarlas del dial.

El Gobierno quiere incluir dentro de la ley el Consejo de Medios Audiovisuales, una autoridad independiente encargada de velar por su cumplimiento. Prácticamente todos los países de la UE tienen organismos de estas características y el Consejo de Europa ha instado a que se pongan en marcha allí donde no existen. En España hay consejos autonómicos en Cataluña, Andalucía y Navarra.

Este organismo tendrá, entre sus funciones, velar por la transparencia empresarial de los operadores, hacer respetar los compromisos de programación (incluidos los contenidos destinados al público infantil), los límites publicitarios o las inversiones en cine. Estas tareas recaen ahora en el Ministerio de Industria, que también se encarga de sancionar los incumplimientos.