La crisis espolea las tensiones en las fincas

"Esto va a explotar ya. O se arregla o va a haber palos". Francisco Carnero, jefe de cuadrilla o manijero, advierte con rabia sobre la tensión que se respira en la Vega del Guadalquivir. Todo son caras largas e inquietud en la plaza mayor de Brenes (Sevilla). De momento no hay atisbo de brotes racistas, pero el rechazo a una parte de los inmigrantes, que abaratan la mano de obra en el campo, es patente.

Hasta ahora el conflicto era soterrado porque había trabajo para todos. Pero la crisis agudiza los recelos. Cada día deja en el paro a más y más temporeros. Y mientras, algunos empresarios se aprovechan de la desesperación de trabajadores sudamericanos y de Europa del Este, a los que casi duplican la jornada por sueldos ínfimos. Si el convenio del campo fija una jornada de seis horas y cuarto por 45 euros, esta semana se han llegado a pagar 15 euros por diez horas recogiendo naranjas. "Los patronos se están forrando de billetes porque a un extranjero 20 euros le parecen un millón", exagera Carnero.

"Esto va a explotar ya. O se arregla o va a haber palos", avisa un manijero

La escena evoca la antigua trata de esclavos. Desde las 8.00, gran parte de los más de 2.000 temporeros esperan en las esquinas de Brenes (12.000 habitantes) su salida hacia las fincas. Los manijeros se acercan a los grupos y libreta en mano escogen su cuadrilla, habitualmente con jornales a la baja.

Poco después, en una finca a las afueras del pueblo, Svetlana confiesa cobrar 30 euros mientras apresurada alicata naranjas. "Si obligas a que se cumpla el convenio a rajatabla, al empresario pirata no le convendría por los márgenes que ahora logra con los inmigrantes", explica Carmelo Toledano, del sindicato CC OO. La ecuación es sencilla. Si tradicionalmente 25 personas completaban un camión de 12.000 kilos de naranjas, ahora 18 emplean más horas por menos salario para que los beneficios se multipliquen. Al anochecer, algún grupo ha llegado a encender las luces de sus coches para evitar la oscuridad y poder culminar la recogida.

Las campañas de recogida en el campo están repletas de contratos verbales con irregularidades flagrantes. Los sindicatos denunciaron el pasado febrero que la campaña en el olivar albergó a 2.100 inmigrantes irregulares, el 30% de los 7.000 trabajadores extranjeros llegados a los tajos.

"La gente no termina de enterarse de que tenemos que atajar los abusos", reconoce Aquilino Roldán, representante de COAG Andalucía. Los empresarios e intermediarios que ignoran la ley son una plaga reproducida ahora en la campaña de recogida de la naranja, concentrada en pueblos de Sevilla y Córdoba y que hasta el próximo mayo movilizará a unas 20.000 personas. Las cuadrillas legales conviven con las ilegales, pero estas últimas están al alza. "Es gente espabilada que ha visto un filón. Se pasean con coches caros y no tienen escrúpulos", ilustra un temporero sobre los manijeros. La semana pasada, la policía detuvo por estancia irregular a 13 tailandeses que recogían lechugas y escarolas en Palma del Río (Córdoba).

Los sindicatos denuncian estas "prácticas mafiosas" y que el protocolo para vigilar el cumplimiento del convenio laboral en el campo, está obsoleto. Ante la urgencia, 15 ayuntamientos de la vega, cooperativas, sindicatos y patronal han creado una comisión de trabajo para luchar contra la contratación de inmigrantes irregulares. "Cuando llega la Guardia Civil tres días después, las cuadrillas ilegales ya están en otra finca. Hace falta un dispositivo para acudir en una hora al terreno, porque los manijeros se conocen el control al dedillo", explica José Corral, secretario general del sindicato Agroalimentario de CC OO.

Sin embargo, la inspección del Ministerio de Trabajo no ha detectado errores. "En la mayoría de los casos la actuación ha sido eficaz. Movilizamos a 20 personas cada vez, y siempre es necesario un estudio del terreno", explica Carlos Domínguez, jefe de inspección de Trabajo en Sevilla. En esta provincia, 28 inspectores vigilan las infracciones en la construcción, industria, comercio y agricultura.

Los casos afloran con cierta frecuencia. Manuel Rodríguez, dueño de la empresa Brenes Lara, reconoce que fue multado con 66.000 euros por emplear a nueve sin papeles en una finca el año pasado. "Esa cuadrilla llegó antes de que mis supervisores comprobaran sus papeles y también se adelantó la Guardia Civil. Pero estoy pleiteando porque no he sido yo directamente", aduce. El empresario, que emplea a diario a 300 jornaleros, se lamenta de la inspección. "Mira, si todos aprietan por todos lados, los compradores de naranja se quedarán en Valencia". Mientras, Ángel Madero, presidente de Andalucía Acoge, recuerda: "Hay que focalizar la culpabilidad en el empresario que aprovecha la desesperación del inmigrante". A veces, éste firma un contrato con una cifra y cobra otra.

El alcalde de Brenes, Marcelino Contreras, subraya: "Sólo hay que velar porque se respete el convenio. Esto no es una guerra entre pobres". Pero la situación empeorará en pocos meses, cuando muchas prestaciones de desempleo finalicen, y prosiga el trasvase de trabajadores por el ocaso de la construcción.