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La UE denuncia a España por no aplicar el visado para científicos

- La directiva facilita los trámites para atraer 'cerebros' extracomunitarios - Trabajo dice que se ajustará a ella con la reforma de la Ley de Extranjería

La Comisión Europea ha llevado a España al Tribunal Europeo de Justicia porque es el único país, junto a Chipre, que aún no ha aplicado una directiva de 2005 para establecer un visado científico. Se trata de crear un permiso de residencia específico para los investigadores de fuera de la UE que acelere y facilite los trámites. También para sus familias.

La atracción de los mejores cerebros de cualquier parte del mundo o el intercambio de ideas a través de la movilidad son algunos de los retos que se ha fijado el Gobierno en su estrategia para mejorar la Universidad y la investigación en España. Pero aparte de intentar ofrecer unas condiciones atractivas, tanto laborales como de calidad y medios, parece que también quedan trabas administrativas que salvar, que pueden prolongar el papeleo durante meses y acabar, según la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en la denegación de los permisos.

La Comisión inició el procedimiento en el Tribunal Europeo el mes pasado

Chipre es el otro país que tampoco ha incorporado aún la normativa

Los trámites dejan fuera a muchos solicitantes porque no cobran suficiente

Con el permiso se consigue la plena movilidad dentro de los Veintisiete

"Casi todos los Estados miembro han completado ya la transposición y han notificado a la Comisión las medidas concretas que han aplicado. España es uno de los dos países obligados por la directiva que aún no han notificado esa transposición. El pasado 16 de octubre la Comisión inició un procedimiento contra España ante el Tribunal Europeo de Justicia por esta razón", explica Michele Cercone, uno de los portavoces de la Comisión. Por su parte, una portavoz del Ministerio de Trabajo explicó que el desarrollo de esa directiva está a la espera de la reforma pendiente de la ley de extranjería, que el Gobierno pretende abordar antes del verano próximo (unos cuatro años después de su aprobación). Mientras, añadió la misma portavoz, hay una vía de entrada para estos investigadores a través de su unidad de grandes empresas.

Creada en 2007, esta unidad tramita los visados de extranjeros altamente cualificados, entre ellos, los investigadores. La media de tiempo de tramitación en 2007 fue de 17 días. Sin embargo, sólo 45 de los más 3.000 permisos pedidos por esta vía entre abril de 2007 y junio de 2008 correspondían a investigadores. Una escasez que el ministerio achaca al "desconocimiento" de esta opción y a la "posible desorientación" sobre los organismos y administraciones a los que hay que solicitar algún papel.

Sin embargo, el problema es, según Esther Ancina, de la Red Catalana de Apoyo a la Movilidad de los Investigadores, que para acceder a esta vía los científicos tienen que acreditar unos ingresos que muchas veces no alcanzan, sobre todo, si aspiran a desplazarse con su familia.

Por ejemplo, un investigador del programa Ramón y Cajal (creado para recuperar científicos españoles emigrados, pero al que también acceden extranjeros) gana unos 33.250 euros al año, el mínimo que marca el Estado y que las universidades no suelen elevar, según la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios. Si ese cajal viaja solo o con su pareja, sí le concederían el visado en la unidad de grandes empresas (los mínimos que exige Trabajo son 21.600 y 32.400, respectivamente, relata Ancina). Pero si tuviera un hijo, le sería imposible, ya que para el permiso de los tres tendría que alcanzar un sueldo de 43.200 euros. El salario medio de los investigadores en España es de 34.908 euros al año, según un estudio de 2007 de la Comisión Europea, por lo que buena parte de los investigadores no conseguiría el permiso.

El visado científico que aprobó la Comisión Europea supone crear un permiso de residencia para los investigadores de fuera de UE, independientemente del tipo de contrato que tengan. Serían las propias universidades y centros de investigación que se acrediten, a través de una autorización del Gobierno, los encargados de certificar la condición de investigador que va a trabajar en un proyecto, sus competencias profesionales y su salario.

El proceso acabaría en un convenio de acogida del investigador que las autoridades de inmigración darían por bueno tras una breve comprobación del proceso. Cuando un Estado miembro conceda uno de estos permisos, el científico podrá moverse con él por toda la UE durante el periodo de autorización (si el país aplica ya la directiva de 2005, claro).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 22 de noviembre de 2008