4.000 ganaderos exigen precios dignos para la leche en las calles de Santiago
El Sindicato Labrego Galego reúne sólo a 150 personas contra el contrato lácteo
Cerca de 4.000 ganaderos -9.000 según Unións Agrarias y Xóvenes Agricultores, las organizaciones convocantes- clamaron ayer por las calles de Santiago contra el Gobierno central y la Xunta para exigir precios dignos para la leche.
Con los costes de producción encareciéndose y las industrias tirando hacia abajo del importe de cada litro de leche en origen (que se llegó a pagar a 31 céntimos en algunas explotaciones) ambos sindicatos agrarios protestaron contra las importaciones masivas que han llenado los tanques de las empresas gallegas. El secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, recordó a la Xunta que "además de preocuparse de los 800 parados de Citroën, en el campo existen 13.000 familias en peligro que no tienen subsidio de desempleo".
La situación personal que muchos de los manifestantes de a pie contaron a la prensa confirma la situación límite que vive el sector, con muchos ganaderos incapaces de cubrir costes y a punto de vender a pérdidas.
García y Francisco Bello, de Xóvenes Agricultores, defendieron como solución la fórmula de los contratos homologados basada en un cálculo que suma al precio del mercado francés las tasas del transporte cifradas en 3 céntimos por litro. Ambas centrales sindicales defienden que la medida atajaría la espiral de bajadas unilaterales que plantean las industrias, ayer en el centro de todas las protestas. Pero los ganaderos reclamaron casi con más vehemencia un verdadero control de las importaciones para que países como Francia no introduzcan en España sus excedentes a bajo precio. En ese punto la protesta se volvió contra el Ministerio de Medio Rural que dirige Elena Espinosa.
La marcha fue también una llamada a la unidad para que el Sindicato Labrego Galego (SLG) se incorpore a futuras manifestaciones.
Ayer optó por organizar una marcha alternativa que reunió a 150 personas. El sindicato nacionalista no comparte la fórmula de los contratos homologados hasta que estos no conlleven un precio concreto que garantice la viabilidad de las explotaciones. Pese a que los tribunales de competencia español y europeo han fallado en contra cada vez que un sector ha intentado algo parecido, la secretaria general del SLG, Carmen Freire, pidió a los gobiernos medidas excepcionales como las adoptadas en el sector financiero.
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