Otro portazo al aborto en América

La decisión del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, de vetar la ley para despenalizar el aborto, pese a que había logrado la aprobación del Congreso y del Senado de su país, echa por tierra las esperanzas de los movimientos sociales y de mujeres, no sólo uruguayas sino también del resto de América Latina, que confiaban en que este pequeño y moderno país fuera capaz de abrir una brecha en la monolítica posición antiabortista de casi todos los Gobiernos de la región.

La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que autorizaba el aborto dentro de las 12 primeras semanas de gestación, había logrado superar el Congreso por 48 a 49 votos y el Senado por 17 contra 13. Los sondeos publicados en Uruguay indican que el 57% de la población está de acuerdo con la despenalización y que el 63% cree que el presidente no debería hacer uso de su derecho constitucional de veto. Aun así, Tabaré Vázquez, que se ha escudado en su condición de médico oncólogo, ha decidido que se siga enviando a la cárcel a las mujeres que abortan y a quienes les presten ayuda. Según datos oficiales, en Uruguay (un país con poco más de 3 millones de habitantes) se realizan al menos 33.000 abortos clandestinos al año, según el Centro de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac). La ley en vigor sólo autoriza la interrupción del embarazo en caso de violación o de inmediato riesgo para la madre.

Unas 4.000 mujeres latinoamericanas mueren al año en operaciones ilegales

La única manera de superar el veto presidencial sería que el Parlamento volviera a votar la ley, pero esta vez con una mayoría de tres quintos, algo que no parece posible que pueda lograr el Frente Amplio, impulsor del proyecto y grupo al que pertenece el propio Vázquez.

La jerarquía de la Iglesia católica uruguaya tomó el veto presidencial como un triunfo propio. Los obispos uruguayos desarrollaron una fuerte campaña contra el proyecto y amenazaron con excomulgar a los parlamentarios que lo votaran. Uno de ellos llegó incluso a prohibirles acudir a misa.

La enorme influencia de la jerarquía católica ha hecho que América Latina sea uno de los lugares en el mundo en el que resulta más difícil y peligroso abortar. Aun así, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año, cerca de cuatro millones de mujeres latinoamericanas se someten a abortos. Unas 4.000 mueren como consecuencia de las malas condiciones higiénicas y a los peligrosos procedimientos seguidos para interrumpir el embarazo. La OMS ha protestado repetidamente por esa situación. El aborto está penado en casi todos los países de la zona, salvo en Cuba y otras naciones del Caribe. "En casi toda la región", explica la OMS, "los médicos pueden interrumpir el embarazo en casos de violación, incesto o si pone inmediatamente en peligro la vida de la madre, pero son opciones raramente usadas".

Pese a las escandalosas cifras de víctimas, la práctica del aborto se cubre por un manto de silencio. En Chile, con un Gobierno de centro-izquierda que preside una mujer, ni se discute del asunto. En Nicaragua, con un presidente que dice ser sandinista, se han dado pasos en dirección contraria: ahora se castiga a las mujeres que aborten, sean cuales sean las circunstancias.

Todo esto ocurre en un continente en el que el 25% de las jóvenes latinoamericanas ya ha sido madre antes de los 20 años de edad. Un informe de Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) asegura que "el embarazo precoz dificulta la inserción social de las madres adolescentes, exacerba las desigualdades de género y potencia el círculo vicioso de la pobreza".