La financiación autonómica encalla tras una nueva ronda negociadora

La segunda ronda de contactos sobre el nuevo modelo de financiación que mantiene el Ministerio de Economía con las comunidades no ha servido para acercar posturas. La situación sigue bloqueada y prácticamente en el mismo punto en el que embarrancó este verano tras el rechazo unánime de las comunidades a la primera propuesta del Gobierno. Ante esta situación, Economía ha decidido elaborar una nueva propuesta en la que, más que un nuevo modelo común, queden plasmadas las divergencias. La intención es hacer público el texto a finales de noviembre. En él no habrá cifras y sí dirá en qué puntos hay ya acuerdo y en cuáles no, recogiendo las distintas posiciones de las comunidades.

El Gobierno no piensa mojarse y prefiere dejar el balón en el tejado de las autonomías. Condiciona el nuevo modelo a un "consenso amplio". De lo contrario, seguirá el vigente (que el PP pactó con CiU cuando gobernaba) actualizado, si acaso, con el aumento de la población. De hecho, para modificar la Ley de Financiación (LOFCA) se necesitan dos tercios del Parlamento por lo que son necesarios los votos del PSOE y el PP.

La propuesta del Gobierno prevé una solidaridad amplia y primará la población

Los hechos y la buena voluntad andan peleados en esta negociación. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, indicó el sábado que "ya tiene un diseño bastante claro" del texto, que se concretará "en un nuevo documento del Gobierno en las próximas semanas", y que sus propuestas "son razonables". Pero matizó: "No sé si el resto estará de acuerdo".

En los últimos días ha habido buenas palabras del presidente catalán, José Montilla, o su homólogo extremeño, Guillermo Fernández Vara. Y aún hay pendientes conversaciones con comunidades como Madrid, Valencia o Andalucía. Pero lo que se sabe de las reuniones de Economía con Cataluña, la comunidad que encabeza las reivindicaciones de las más pobladas y dinámicas, y con otras autonomías de menor peso económico y demográfico ya permite anticipar que hay pocos avances.

"Ha habido contactos, una aproximación de posiciones, pero no suficiente como para decir que soy optimista", asegura el consejero de Economía catalán, Antoni Castells, que ayer volvió a insistir en que la crisis hace "inaplazable" un pacto y que no contempla otro escenario. Los frentes del Mediterráneo y del Noroeste siguen activos (véase cuadro). Y en medio, la voluntad del Gobierno, que ha sugerido que seguirá habiendo un mecanismo de nivelación (solidaridad) que recogerá "criterios más amplios de los que plantea Cataluña, pero sin tantos excesos, como ocurre ahora con alguna comunidad", indican fuentes del Ministerio. La propuesta quiere dar prioridad a la población como criterio de reparto, aunque sopesa algún fondo adicional para compensar a las comunidades más despobladas.

"Hay mucha voluntad de hablar, pero llevamos meses dando vueltas, diciéndonos lo mismo", explica el consejero de Economía extremeño, Ángel Franco (PSOE), que reprocha al Gobierno su "ambigüedad". "Nada nuevo sobre la mesa, siguen primando a las comunidades con más población y al Estatuto catalán", opina Pilar del Olmo (PP), titular de Economía en Castilla y León.

"No se puede penalizar a los territorios más dinámicos, las diferencias en la financiación por habitante deben estrecharse", asegura el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, el popular Antonio Beteta, que se arrima a la orilla del frente Mediterráneo. Beteta no confía en un acuerdo antes del 1 de enero porque "no es una prioridad para este Gobierno". Solbes plantea que la incorporación de más dinero estatal al sistema será gradual, una salvaguarda que cobra importancia al mismo ritmo que la recaudación fiscal se desploma.