El gasto del Sergas en fármacos experimentó en 2007 la menor subida en diez años

La Consellería de Sanidade presentó en el Parlamento sus presupuestos de crisis. El departamento dispondrá en 2009 de 3.788 millones de euros, un 4,1% más que este año. La subida de los fondos es inferior a la inflación y está lejos del 7,4% de crecimiento de 2008. La conselleira María José Rubio aseguró ayer que este discreto incremento no pone en peligro proyectos clave como la continuación de la reforma para que los ambulatorios puedan realizar más pruebas, la implantación de la receta electrónica o la apertura del nuevo hospital de Lugo. Esta última infraestructura recibirá casi 39 millones, mientras que la construcción del centro de Vigo, prometido para 2012, se llevará 26.

Para financiar los fármacos recetados por los médicos del Sergas, la consellería reserva 883 millones, 27 más que en 2008, una cifra con la que se pretende seguir conteniendo el gasto. Según Sanidade, en 2007 se batió un récord: el desembolso para pagar medicamentos creció sólo un 4,5%, un punto por debajo de la media española, lo que representa la subida más baja en los últimos diez años. "Galicia dejó de gastar en los últimos tres años como mínimo 16 millones, a favor de otras prestaciones sanitarias", afirmó Rubio.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Santalices, fue taxativo. Para él, los presupuestos sanitarios del bipartito son "los peores desde que se transfirió el Insalud a Galicia". La consellería, prosigue el diputado popular, se gasta el dinero "en bobadas", como "cambiarle el nombre al Canalejo", para que no siga haciendo honor al fundador de la Falange en A Coruña. "Mal futuro le veo al tan cacareado plan de atención primaria", ironizó Santalices. La conselleira le respondió que en la última legislatura del PP se invirtieron en esta parte de la sanidad 1.500 millones menos que en la del bipartito.

La CIG anunció ayer movilizaciones si Sanidade no abandona su "política de privatización". El sindicato criticó la gestión privada de la Central de Llamadas, dirigida por una empresa externa que "tiene acceso a los datos de las tarjetas sanitarias y precariza las condiciones laborales", afirmó María Xosé Abuín. La CIG se opone además a que la Xunta utilice la empresa pública Galaria para compartir la financiación de proyectos del plan de infraestructuras sanitarias con empresas privadas.