La calidad de los geriátricos avanza a dos velocidades

"Todos los españoles tienen derecho a las mismas prestaciones vivan donde vivan", repitió ayer el Ministerio de Políticas Sociales, al mando de Mercedes Cabrera, para terciar en el debate sobre la implantación de la Ley de Dependencia. Pero no parece que la cosa vaya a ser tan sencilla. Las comunidades autónomas no acaban de llegar a un acuerdo sobre la calidad que han de acreditar los establecimientos que atiendan a personas dependientes, es decir, geriátricos, centros de día y noche. Las diferencias que en la actualidad existen entre unas comunidades y otras dificultan encontrar unos mínimos comunes exigibles. Del último borrador, al que ha tenido acceso este periódico, sobre la acreditación oficial de estos centros, se desprende que la implantación de las características exigidas habrá de resolverse en dos fases. Una primera, hasta 2011, en que las comunidades más pobres (o las que llevan más retraso en servicios sociales) tendrán que ponerse al día; y una segunda etapa, de ese año hasta 2015, en que la exigencia de mayores criterios de calidad obligará a todas a un nuevo esfuerzo.

En la actualidad, los geriátricos que atienden a ancianos con gran dependencia, tienen una media de 41 trabajadores por cada 100 usuarios. Para 2011 se les exigirá que alcancen los 45 trabajadores. "Sobre el papel eso está muy bien, nosotros creemos que la relación ideal sería de 50 empleados por cada 100 ancianos, pero siempre que nos paguen bien, porque se nos van a exigir equipamientos de un hotel de cinco estrellas cuando la Administración nos paga 47 euros por persona y día", se queja José Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED). La patronal opina que este salto es interesante, pero avisa de que habrá que financiarlo convenientemente. "Con la crisis actual, para elevar el número de profesionales hay que preguntarse quién soportará estos gastos", añade Echevarría. Paradójicamente, tanto la patronal como los sindicatos están de acuerdo en la necesidad de negociar unos acuerdos comunes para toda España, porque para una empresa es más fácil trabajar con las mismas condiciones que lidiar con un baile de criterios distintos dependiendo de la comunidad de que se trate. Y también las condiciones laborales y salariales de los trabajadores podrían estar sujetas a diferencias excesivas según los territorios.

Los consejeros responsables de asuntos sociales en las comunidades gobernadas por el PP se reunieron ayer en Valencia y pidieron "financiación suficiente y sostenible" y que se articulen las medidas necesarias para "asegurar la atención a las personas dependientes en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional", algo difícil, cuando ni las gobernadas por un mismo partido ofrecen lo mismo.