La deriva autoritaria de Ortega

"O aceptamos sin rechistar la dominación del actual Gobierno o, si nos resistimos, su venganza será larga y no cesará hasta destruirnos". La escritora Gioconda Belli describe así la "encrucijada" en la que se encuentran los nicaragüenses. Sus palabras están espoleadas por la persecución judicial contra el periodista Carlos Fernando Chamorro y ocho ONG. Otro eslabón de una ofensiva desatada por el presidente Daniel Ortega contra intelectuales, partidos, medios de comunicación y movimientos sociales críticos con su gestión. De la mano del líder del Frente Sandinista y su familia, Nicaragua se dirige, dice la oposición, hacia una dictadura institucional.

El pasado día 12, la fiscalía allanó en Managua la sede del Centro de Investigación de la Comunicación, que dirige Carlos Fernando Chamorro, y confiscó los archivos de la fundación y cinco ordenadores. El Gobierno le acusa de "triangular" fondos internacionales con el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM). "Están fabricando un caso", dice Chamorro, que denuncia la violación de todas las garantías legales.

Gracias a un pacto con los liberales, los sandinistas controlan la justicia

El acoso contra el periodista, hijo del legendario Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa asesinado en 1978 por la dictadura somocista, comenzó en junio, después de que destapara escándalos de corrupción que salpicaban al Gobierno. Una campaña denigrante en los medios oficiales, controlados por Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, y sus hijos, dio paso a la actuación de la fiscalía.

La misma suerte están corriendo el MAM y otros grupos feministas, muy combativos contra la ilegalización del aborto terapéutico, decidida por Ortega, y en el apoyo a su hijastra, Zoilamérica Narváez, que ha denunciado al presidente por abusos sexuales. También la Coordinadora Civil está contra las cuerdas. "Nos ha citado la fiscalía, pero no sabemos en calidad de qué, porque somos una plataforma de 600 organizaciones", explica Georgina Muñoz. La Coordinadora convocó la marcha celebrada en julio para protestar por la situación del país, con un desempleo del 60% y una inflación del 12%.

"Ortega quiere silenciar las voces críticas a su proyecto autoritario", dice un directivo de La Prensa que pide el anonimato. El propio rotativo ha sido sometido a dos procesos por injurias. Reporteros Sin Fronteras denuncia que Ortega "está instrumentalizando la justicia para saldar cuentas políticas". Gracias al pacto sellado entre Ortega y el ex presidente derechista Arnoldo Alemán (condenado por corrupción y hoy excarcelado), el Gobierno tiene "el control absoluto del poder judicial", señala esta fuente. "El Frente Sandinista y el Partido Liberal se han repartido al 50% los órganos, desde la Corte Suprema al Consejo Electoral. Pero los sandinistas, más hábiles, los controlan de hecho". Lo ocurrido en el Consejo Electoral es significativo: "Tres miembros son sandinistas y tres liberales. El séptimo se le pidió a la Iglesia y el cardenal Miguel Obando puso a un pariente que se ha aliado con el Frente".

Este Consejo ilegalizó, unos meses antes de las elecciones municipales del próximo 9 de noviembre, a dos formaciones opositoras, el Partido Conservador y el Movimiento Renovador Sandinista, formado por disidentes del Frente. "Lo más interesante es que el enemigo más duro de Daniel Ortega son los ex sandinistas", comenta el periodista Álvaro Cruz. Ellos, junto a la prensa y a los movimientos sociales, están llenando el vacío de la oposición política. Y ahí apuntan las baterías del Gobierno, como saben bien el poeta Ernesto Cardenal o los cantantes Carlos y Luis Mejía Godoy. Otras 39 personalidades, como el ex presidente Enrique Bolaños o el liberal "disidente" Eduardo Montealegre, están sujetos a procesos judiciales.

A veces los tribunales no son necesarios. La intimidación ha silenciado al comentarista Edgar Tijerino, toda una institución en Nicaragua, y al programa El 2 en la Nación, que el periodista Jaime Arellano tenía en el Canal 2.

"Con todo, lo más preocupante es el resurgimiento de la violencia contra la oposición, como ocurrió recientemente en León", comenta Álvaro Cruz. Los llamados Consejos del Poder Ciudadano, creados siguiendo las pautas del régimen cubano, se están usando como grupos de choque, en una especie de reedición de las turbas del primer gobierno sandinista. "La gente", dice Cruz, "se está llenando de miedo".