Fusiones prudentes

El presidente del Gobierno tocó ayer el meollo de la crisis financiera cuando afirmó en el Congreso que "es probable, no sólo en España, también en otros países, que se produzcan situaciones de fusión o reestructuración" en el sistema financiero, y que, si finalmente se llevan a cabo, "habrá que colaborar para conseguir un mapa más racional, competitivo y eficaz". Con esta declaración concluye el giro copernicano realizado por Rodríguez Zapatero, quien ha pasado de ignorar la existencia de una grave crisis a reconocer la posibilidad de que, por unas u otras causas, bancos y cajas españoles tengan que afrontar fusiones corporativas para reforzar sus balances.

Las fusiones entre bancos o cajas de ahorros pueden estar justificadas por situaciones delicadas de solvencia o capitalización, sobre todo si se tiene en cuenta que algunos grupos financieros, embelesados por una burbuja inmobiliaria en continua expansión, concedieron a promotores y particulares préstamos con una generosidad incompatible con la prudencia al menos hasta el verano de 2007. En varias ocasiones, el Banco de España reconvino al sistema financiero -y a las cajas de ahorros en particular- por tales alegrías crediticias. Pero no es necesario apelar a hipotéticas situaciones de insolvencia para justificar una reestructuración financiera. En tiempos de dificultades objetivas para la banca, evidentes en el crecimiento de la morosidad y en las complicaciones derivadas del estrangulamiento del crédito, las concentraciones reducen considerablemente los costes y contribuyen a garantizar la rentabilidad.

Dado el carácter marcadamente político de las cajas de ahorros, dominadas por las fuerzas vivas locales de los partidos en buena parte de España, es decisivo que el Gobierno "colabore" activamente, por citar el verbo que ha usado el presidente, en impulsar esas reestructuraciones si fueran necesarias. Y tan decisivo o más que la colaboración del Gobierno es que el PP, primer partido de la oposición, así como CiU, PNV y BNG presten también la suya en caso de necesidad, habida cuenta del papel que desempeñan en las decisiones de las cajas regionales. No estaría bien que por razones de un localismo mal entendido los partidos políticos vetaran fusiones entre entidades de distintas comunidades autónomas.

Las consideraciones anteriores responden a una prudencia elemental, a sabiendas de que las instituciones españolas son sólidas en general, han gestionado el riesgo de forma razonable y no son previsibles situaciones de dificultad o quiebra como las que se han producido en otros países europeos. Ahora bien, la gestión del plan del Gobierno requiere, además de confianza en los grupos financieros, una cierta destreza política. Se trata de que el Gobierno tenga claro quién gestiona el plan, con qué criterios se aplicará y qué controles externos son imprescindibles para que la oposición colabore con el Ejecutivo en esta tarea.