Baltasar propone que la Generalitat haga de banco para la vivienda social

El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, se enfrenta de nuevo a otra sequía, pero esta vez de liquidez. Los promotores privados y sociales han trasladado a la Generalitat los obstáculos que imponen las entidades financieras para dar préstamos para vivienda protegida, lo cual pone en riesgo los objetivos del Pacto Nacional por la Vivienda, de cuya firma hoy se cumple un año. Baltasar apostó ayer por "hacer intervencionismo" y asumir las "tareas clásicas" del sistema financiero.

Baltasar admitió que la crisis está dejando fuera del mercado de la vivienda a más de dos tercios de los catalanes. A pesar de que consideró que el acuerdo para crear 160.000 viviendas en 10 años sigue siendo válido, afirmó que la tormenta financiera "pone los objetivos en otro orden". "¿Por qué no afinarlo? No creo que ya no tenga sentido, pero siempre se pueden poner unas medidas por delante de otras", afirmó en declaraciones a COM Ràdio. Sindicatos, cooperativas e inmobiliarias se quejarán hoy, en la comisión de seguimiento del Pacto por la Vivienda, sobre la denegación de créditos por parte de las entidades financieras, lo cual creen que pone en riesgo el pacto, como avanzó ayer EL PAÍS.

Economía dice que el ICF no puede conceder créditos a particulares

El titular de Vivienda creó ayer confusión cuando afirmó que los compradores de pisos protegidos no tendrían que pasar ya por las entidades financieras, sino por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el banco de la Generalitat o el Instituto Catalán del Suelo (Incasol). Posteriormente el propio departamento matizó su intervención, puesto que los estatutos del ICF fijan que el organismo no puede prestar a personas físicas.

La Generalitat, según dijo, sustituirá temporalmente a las entidades financieras. Baltasar se declaró partidario de que las cajas cumplan con los acuerdos alcanzados -en julio se comprometió a dar 12.000 millones en tres años-, pero recordó que el "cierre del grifo" se produce en "el conjunto del sistema económico". La solución, pues, es convertir en banco de la Generalitat el Instituto Catalán de Finanzas, en una entidad financiera al uso mientras dure la sequía.

Baltasar afirmó que en algunos casos la Generalitat hará el papel de avalador y en otros de comprador, y que luego pondrá los pisos "a disposición del mercado". ¿Qué debe hacer alguien que no reciba el préstamo para una vivienda social? El consejero lo expuso de la siguiente manera: primero, "enviar las negativas que han venido recibiendo hasta ahora"; segundo, el Ejecutivo tendrá que "mirar si están en el registro de solicitantes de vivienda pública, y tercero, "en los próximos meses, como se habrá intervenido, no tendrá que pasar por un banco, sino por la gestión del Incasol y el Instituto Catalán de Finanzas".

El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda matizó luego la intervención del consejero en las emisoras de radio. Baltasar, afirmaron fuentes de Vivienda, quería anunciar dos medidas. La primera, que el Incasol comprará pisos de obra nueva construidos o en construcción para venderlos como viviendas protegidas. Y la segunda, que el ICF dará préstamos para comprar suelo para vivienda social de alquiler.

Fuentes del Departamento de Economía y Finanzas explicaron que el ICF no puede dar dinero a particulares, sino que los estatutos fijan que se podrán conceder créditos a empresas de sectores estratégicos. Sí recordaron que entre las medidas anticíclicas que presentó el consejero Antoni Castells estaba previsto dar préstamos para adquirir suelo, pero sólo en las áreas residenciales estratégicas donde irán barrios de nueva construcción con la mitad de pisos sociales y para comprar suelos de protección oficial. Pero esto, añadieron, todavía está en estudio.

Baltasar se reunió ayer con las cajas de ahorros para trasladar las quejas de los promotores de vivienda protegida. Éstos dicen que no obtienen dinero para construir más pisos protegidos, pero que tampoco lo consiguen sus compradores. La Generalitat no quiso ayer hacer comentarios sobre la reunión.

Los problemas del Departamento de Vivienda con los bancos pueden reproducirse en Trabajo, aunque a otro nivel. Y es que el Gobierno catalán todavía no ha conseguido cerrar con las entidades de crédito un acuerdo para llevar a cabo la medida estrella lanzada por el presidente José Montilla en el debate de política general de la semana pasada: los créditos para parados. Montilla anunció una línea de préstamos de hasta 5.000 euros por cada parado que quiera mejorar su nivel formativo con vistas a conseguir un nuevo empleo. La medida anunciada por Montilla fue presupuestada en 100 millones de euros, que serán aportados por el Gobierno, pero gestionados por los bancos.

La consejera de Trabajo, Mar Serna, admitió ayer que, pese a la notoriedad del anuncio, quedan flecos por cerrar. Todavía no hay vía de comercialización de estos préstamos. "Ahora estamos negociando con el Instituto Catalán de Finanzas y los bancos", dijo. Tras la reunión del Gobierno, ante la pregunta de si la medida se había anunciado sin pactarla antes con las entidades de crédito, Serna admitió: "Se está acordando con los bancos". Con todo, fuentes del Gobierno reafirmaron anoche en que el dinero prestado será de la Generalitat y los bancos se limitarán a tramitar los préstamos. Las mismas fuentes insistieron en que se prevé poner en marcha los créditos el próximo 1 de diciembre.

La idea es que los créditos se puedan devolver en seis años. El demandante tendrá que firmar un contrato de formación. Esto es, se comprometerá a emplear en formación el tiempo de inactividad laboral.