El Pacto por la Vivienda peligra porque la banca no concede créditos

La falta de liquidez amenaza uno de los proyectos estrella del Gobierno catalán. Los principales firmantes del Pacto Nacional por la Vivienda acudirán a la comisión de seguimiento convocada mañana por la Generalitat para quejarse de los incumplimientos del acuerdo en los que, a su juicio, las entidades financieras están incurriendo sistemáticamente.

Inmobiliarias, cooperativas y sindicatos denunciarán que la banca deniega multitud hipotecas para vivienda de protección oficial (VPO) a pesar de que el pasado julio se comprometió a dar 12.000 millones de euros en tres años para financiar la compra de pisos sociales.

Las ventas de pisos sociales cayeron el 45% hasta el mes de julio

Mañana el Pacto por la Vivienda cumple un año. Y varios de sus firmantes sostienen que ya habría que revisarlo, puesto que el objetivo de dar alojamiento a más de 160.000 familias es casi inalcanzable por la tormenta financiera. Las principales quejas se dirigen a las cajas de ahorros. Dos de las mayores cooperativas consultadas explican que las entidades financieras rechazan a multitud de solicitantes de vivienda porque los tachan de insolventes. Un promotor explica, por ejemplo, que en un bloque de Mollet del Vallès tiene dos pisos sin vender. Pues bien, han pasado por ellos 180 solicitantes y ninguno ha obtenido el crédito.

Fuentes de UGT añaden que el Gobierno debería presionar más a la banca, y recuerdan que los solicitantes de VPO pasan primero un el filtro de la Generalitat y cumplen todas las condiciones para recibir un piso. CC OO coincide en que se deniegan créditos. Fuentes del sindicato señalan que la banca ya no presta si la cuota hipotecaria supone más del 40% de los ingresos mensuales. Un mileurista, pues, no podría pagar más de 400 euros.

Las más quejosas son las cooperativas, que cada año construyen el 25% de los pisos protegidos. Y hasta 2016 deben levantarse más de 160.000. Tanto es el descontento que varias entidades de la Federación de Cooperativas propondrán el jueves, en una reunión interna, la redacción de un manifiesto en el que solicitarán varias medidas a la Generalitat. Fuentes de la federación explican que pedirán que se alargue el periodo de amortización de las hipotecas para VPO de 25 a 35 años para que las cuotas sean de menos del 40% de los ingresos. Además, exigirán que las cajas no puedan denegar créditos a quienes la Generalitat haya concedido un piso.

Otras demandas están dirigidas a la Generalitat. Las mismas fuentes sostienen que el suelo que les vende el Incasòl, dependiente del Ejecutivo catalán, cuesta más del 15% del precio final de venta de la vivienda que prevé la ley, lo cual eleva los costes y hace inviables algunas promociones.

La restricción al crédito explica que las ventas de vivienda protegida en Cataluña hayan caído el 45,4% hasta el mes de julio respecto a los siete primeros meses de 2007, según el Instituto Nacional de Estadística (véase gráfico). Fuentes de la patronal de las inmobiliarias, APCE, explican que en la reunión de mañana irán a la comisión de seguimiento con la misma queja. También lo planteará el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, aunque el organismo opina que la crisis crediticia es un asunto internacional que no se puede resolver desde la Generalitat.

Uno de los firmantes del pacto, que pide no ser identificado, explica que el acuerdo incluso debería revisarse. Cuando se elaboró, asegura, el Ejecutivo esperaba que los promotores privados aparcaran la vivienda libre y se centraran en la protegida por el cambio de ciclo. Pero esto no ha sucedido por la gravedad de la crisis financiera. Una cooperativa duda de que los ensanches que deben crearse con el 50% de pisos públicos y el 50% de libres tenga salida y afirma que pedirá que el Gobierno se concentre sólo en los que sean viables. Ni la Federación de Cajas de Ahorros ni el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, que hoy deben reunirse, hicieron comentarios sobre este tema.