Los inspectores valencianos se niegan a ser "comisarios políticos" en las aulas

La conflictiva puesta en marcha en las aulas valencianas de la versión inglesa de Educación para la Ciudadanía (Education for Citizenship) -ideada por el Gobierno que preside Francisco Camps tras manifestarse el PP "en contra de esta asignatura y especialmente de su contenido doctrinario"- ha puesto contra las cuerdas al cuerpo autonómico de inspectores, que tiene el preciso encargo de "evaluar y controlar" que la materia se dé en la lengua de Shakespeare en todos los institutos de secundaria. La Asociación de Inspectores de Educación del País Valenciano (Adide), que agrupa a 40 de los 123 profesionales valencianos, denunció ayer en un manifiesto, acordado en asamblea el miércoles pasado, su rechazo a "asumir funciones como comisarios políticos al servicio de ninguna ideología política, sea del signo que sea".

Las instrucciones del Gobierno de Camps causan un "profundo malestar"

Como "funcionarios técnicos en educación", los miembros del servicio de inspección han de "asesorar y garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos", y "cualquier otro uso que se quiera hacer de su trabajo atenta contra su profesionalidad e imparcialidad", reza el manifiesto.

El pronunciamiento revela el "profundo malestar" que hay en buena parte del cuerpo autonómico de inspectores de Educación con las "instrucciones" dadas por el Servicio Central -tanto por escrito como de manera verbal- para que se empleen a fondo en la caza de profesores, equipos directivos o claustros docentes que se hayan declarado rebeldes y pretendan dar la clase en valenciano o castellano, cosa que, en la práctica, ocurre en la inmensa mayoría de los institutos. Adide, sección autonómica de la organización mayoritaria de inspectores de España, que agrupa a un millar de funcionarios, subraya que ésta es una asignatura más que se tiene que impartir "obligatoriamente", "y la inspección tiene que velar y garantizar su cumplimiento como en el resto de asignaturas

La asociación profesional de inspectores recuerda a la Administración educativa -que ha emitido reiteradas resoluciones para imponer su Citizenship en inglés- que ni los profesores ni los alumnos tienen ni el nivel de comprensión escrito ni oral en inglés para poder desarrollar una materia tan abstracta y basada en los derechos humanos y la Constitución.

Los inspectores -en su calidad de "funcionarios técnicos de Educación"- insisten en que "están a favor de ir vehiculando algún área curricular en una lengua extranjera". Pero Adide entiende que debe hacerse "progresivamente" y con "una normativa que tenga muy presente la autonomía de los centros para diseñar sus proyectos educativos, su modelo organizativo, su metodología y las infraestructuras -personal y material- dedicadas a ello".

Sin embargo, la orden del Gobierno valenciano, que desde julio está parcialmente suspendida de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia, precisamente pretende obligar a todos los centros educativos (sin mediar consulta) a dar Ciudadanía en inglés o, en su defecto, utilizar dos profesores simultáneamente (uno de ellos para traducirla o vehicularla en inglés).