La 'comisión Balenciaga' eleva al fiscal una actuación del alcalde de Getaria

La comisión parlamentaria que está investigando las supuestas irregularidades cometidas en la Fundación Balenciaga y la sociedad Berroeta Aldamar, encargada de construir el museo dedicado en Getaria al modisto, ha remitido a la Fiscalía de San Sebastián información que ha conocido en sus trabajos y que podría implicar al actual alcalde de Getaria, el peneuvista Andoni Aristi, en un presunto delito de alteración de documento público, tipificado en el artículo 395 del Código Penal. En concreto, se trataría de la modificación de un acta, la número veinte, levantada el 18 de febrero por el anterior secretario general de la fundación, Manuel Cabrera. El documento se habría visto alterado en algunos párrafos y sometido a la aprobación del patronato en la siguiente reunión, celebrada diez días después, con esos cambios incorporados y la firma de Cabrera sustituida por la de Aristi.

El primer edil niega que cambiase un acta de la fundación

Aristi, quien declaró ayer antes la comisión, explicó a EL PAÍS que no modificó el acta, sino que añadió alguna cuestión que faltaba y que la firmó porque, en ausencia del secretario general, quien había dimitido de su puesto, esa función corresponde al miembro más joven del patronato. Hubo tres versiones del acta de esa reunión, explicó: el borrador preparado por el secretario general saliente, la que se sometió al patronato y la que al final él firmó.

El PNV expresó su queja por la comunicación de este hecho a la fiscalía, pero la comisión tiene orden del fiscal de proceder de ese modo si cree ver indicios de comportamiento delictivo. El Reglamento de la Cámara le obliga en el mismo sentido.

La comisión prosiguió ayer sus trabajos escuchando además las declaraciones de la consejera de Cultura, Miren Azkarate, y de la diputada de Cultura de Guipúzcoa, Maria Jesús Aranburu, ambas peneuvistas. La comparecencia de la consejera se prolongó más de cuatro horas, cuando estaba programada para hora y media. La mitad las consumió ella misma en un prolijo relato desde la entrada del Gobierno en el proyecto. El resto del tiempo se consumió en sus respuestas a las preguntas de los parlamentarios.

Azkarate afirmó ante ellos por primera vez que asume personalmente la responsabilidad política que se pueda derivar de los hechos. Las preguntas versaron sobre todo en torno al momento en que la sociedad Berroeta Aldamar se subrogó los contratos de la Fundación, en noviembre de 2005, siendo algunos de ellos irregulares. Azkarate admitió que no se comprobaron y que ese proceder constituyó una negligencia.

La consejera pasó toda la jornada en la Cámara, hasta que terminaron sus comparecencias Aranburu y Aristi, pese a que no podía estar presente en ellas. "Tengo la conciencia totalmente limpia", señaló Azkarate en los pasillos de la Cámara, sin querer facilitar ningún dato de los que ya dispone el Ejecutivo, apelando a que el asunto se halla bajo investigación de la Fiscalía de San Sebastián. "Prefiero ser reservada", se excusó.

La diputada de Cultura, María Jesús Aranburu, admitió que la gestión realizada "se podía haber hecho mejor". Sobre la confianza depositada en el mentor y gestor principal del proyecto, el peneuvista Mariano Camio, ex alcalde de Getaria, Aranburu dijo que "no había motivo para la duda" y que cuando se descubrieron las irregularidades se acudió a la fiscalía. Aranburu dijo que lo ocurrido debe "servir de escarmiento para ser más vigilantes".