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Aguirre extiende la privatización a los cuatro grandes hospitales públicos

Las empresas remodelarán y gestionarán los servicios no sanitarios del Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón, La Paz y el 12 de Octubre

Parecía que ya sólo los hospitales tradicionales resistían los embates de la ola privatizadora de la sanidad madrileña. Pero ni ellos se salvan de pasar a manos privadas, al menos en parte. La Consejería de Sanidad va a ceder la gestión de los servicios no sanitarios de los cuatro gigantes públicos, el Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón, La Paz y el 12 de Octubre, a las empresas que ganen la concesión para ejecutar su reforma integral. Fue el director general de Hospitales, Antonio Burgueño, el que desveló ayer cómo va a financiar la remodelación de los viejos hospitales: "Hemos elegido el modelo PFI", dijo frente a un auditorio repleto de empresarios del sector sanitario. Por eso no le hizo falta especificar que las siglas responden, en su traducción del inglés, a "iniciativa de financiación privada".

Es el mismo sistema que se ha empleado en la construcción de siete de los ocho nuevos hospitales: la Administración licita un contrato de concesión de obra pública por el cual la empresa concesionaria construye -en el caso de los viejos hospitales, remodela- el edificio, lo equipa y gestiona los servicios no sanitarios (personal administrativo y de mantenimiento, técnicos, y servicios como la restauración o la limpieza). A cambio, Sanidad le paga un alquiler por el uso del edificio y de los servicios, a la vez que pone el personal sanitario.

La "reforma integral" convertirá a los cuatro gigantes en lo que Burgueño calificó como "hospitales gestionables". Traducido, significa que tendrán menor capacidad, algo que Sanidad justifica en la pérdida de pacientes que ha supuesto la apertura de los nuevos hospitales. Burgueño lo explicó gráficamente: "Tendrán que sufrir un proceso de jibarización". Se quedarán, precisó, con entre 700 y 800 camas. Ahora, el 12 de Octubre cuenta con 1.200; el Gregorio Marañón, con 1.600; el Ramón y Cajal, con 1.090, y La Paz, con 1.300, según la página web de la Consejería de Sanidad. Los planes funcionales -donde se detallan las reformas que debe acometer un hospital mientras sigue abierto los pacientes- de estos cuatro centros están aún en proceso de elaboración, aseguró Burgueño, que prevé que estén listos en enero."Entonces saldrán los pliegos", informó a la concurrencia, que ayer acudió al hotel Ritz para escuchar de boca del consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y de otros altos cargos de su departamento, cómo se desarrollará el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011, que prevé la construcción de cuatro hospitales y la reforma de otros siete, entre ellos los que perderán entre un tercio y la mitad de sus camas. "Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa", rezaba la convocatoria, que reunió a unos 150 empresarios ávidos de novedades.

El modelo de gestión y explotación de los cuatro hospitales que piensa construir el Gobierno regional esta legislatura (en Collado Villalba, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Carabanchel) era uno de los platos fuertes. Serán de gestión totalmente privada, explicó Elena de Mingo, directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios. Es decir, la empresa concesionaria se encargará de todos los servicios, incluida la asistencia sanitaria.

Es el modelo que ya funciona en el hospital de Valdemoro, gestionado por la multinacional sueca Capio. Con una diferencia. Mientras en Valdemoro Sanidad paga a Capio una cantidad fija anual por cada tarjeta sanitaria que atiende el hospital, en los nuevos centros la retribución es doble: por un lado, el pago por número de tarjetas, que "financia la asistencia sanitaria"; por otro, un canon anual, con el que se paga la infraestructura y todo lo no sanitario.

Algunos asistentes torcieron el gesto cuando De Mingo esquivó las preguntas sobre el futuro de la atención primaria. Se sabe que el Gobierno regional quiere reformarla; falta que diga cómo. Ayer, por lo visto, no era el día. Y eso que el programa incluía este punto en la intervención de la directora general: "La atención primaria, ¿terminará formando parte de la concesión?".

Había interés por saber la respuesta, porque Aguirre ha prometido construir más de 55 centros de salud. Mucho dinero en juego. Y muchos intereses ciudadanos, como el que expresó el concejal de Sanidad de Rivas, Adolfo García (PSOE). El edil vino a decir que una de las preocupaciones de sus convecinos es el futuro de los ambulatorios y que por eso había pagado los 1.200 euros -más IVA- de la inscripción. "No me compete explicarlo. Yo no soy responsable de lo que hayan puesto ahí. Lo siento", le despachó De Mingo. No fue el único que se quedó con ganas de respuestas. Un constructor pidió detalles sobre la doble retribución de los hospitales. "No le puedo explicar más", recibió por respuesta. "Pues yo he venido a que me expliquen", zanjó él, casi a modo de pataleta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de septiembre de 2008