La crisis penaliza la inversión y el I+D en las cuentas del Estado

Al vicepresidente Pedro Solbes le gusta decir que todo Gobierno es una coalición entre el ministro de Hacienda y los demás. El primero aplica la tijera a las expectativas de sus compañeros y de esa forma cuadra el Presupuesto. La metáfora es estos días más real que nunca. Economía se esfuerza por cerrar unas cuentas para 2009 que dejan fuera muchos anhelos de varios ministerios. La crisis obliga a dar prioridad al gasto social y a compartir las sobras entre las demás políticas.

Sólo el capítulo social de los Presupuestos mantendrá el vigor de otros años

Economía ha dispuesto 1.500 millones para hacer frente al alza del paro

Aunque el Gobierno es reacio a hablar de ganadores y perdedores, sólo el capítulo social (pensiones, desempleo, acceso a la vivienda...) mantendrá el vigor de otros años. El resto (parte de las inversiones, políticas de agricultura, de industria, gasto corriente...) sufrirá el impacto de la crisis. Frente a las mejoras de dos dígitos observadas en presupuestos anteriores, sólo la política de infraestructuras subirá por encima del 4,5%. Este capítulo resulta crucial en la negociación parlamentaria que mantiene el Gobierno para sacar adelante el proyecto. Los grupos nacionalistas miran con lupa la inversión prevista en su comunidad para apoyar o no al Ejecutivo.

Las demás partidas aumentarán por debajo de ese 4,5% y algunas incluso decrecerán, según confirman en el Ministerio de Economía, que rehúsa concretar las perdedoras. Hacienda incluye entre las víctimas de los recortes el gasto en investigación y desarrollo -una de las estrellas de la anterior legislatura-, pese a que varias fuentes indican que el I+D crecerá en torno al 10%, una cifra que el equipo de Solbes rechaza de plano. Otra política que el Gobierno ha exhibido como bandera social, la atención a la dependencia, dispondrá en 2009 de pocos más recursos. Los 1.000 millones de euros adjudicados suponen un avance del 15%, muy lejos de la decisión de duplicar la dotación adoptada para este año.

Con esas premisas, el Ejecutivo intenta la cuadratura del círculo: mejorar las pensiones, que suponen casi la mitad del Presupuesto, afrontar el mayor gasto en desempleo, subir el sueldo a los funcionarios y salir airoso del resto. Todo ello con unos ingresos que se están desplomando por la crisis. "Es una situación complicadísima. No se puede llamar a eso Presupuesto restrictivo", apunta Miguel Ángel García, del sindicato CC OO, uno de los asistentes al encuentro que mantuvo Solbes con los agentes sociales el pasado miércoles para informarles de las cuentas de 2009.

La prioridad del Gobierno es proteger a tres colectivos clave del electorado, especialmente sensibles a la merma de rentas: pensionistas, parados y funcionarios suman más de 13 millones de personas con unos ingresos en general modestos.

La partida más vulnerable a las desviaciones presupuestarias es la de desempleo. Hasta el punto de que el Gobierno diferencia entre el aumento del gasto sin ese capítulo (un 3,5%) y con él (un 4,5%). Por primera vez en mucho tiempo, Economía ha dispuesto un desembolso de 1.500 millones para hacer frente al alza del paro. En años anteriores no se aportaba un solo euro a esa política, sufragada con el superávit que generan las cotizaciones a la Seguridad Social. En todo caso, esos 1.500 millones son una estimación, ampliable en caso de que el mercado de trabajo se deteriore más de lo previsto.

En pensiones, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha comprometido ya un aumento medio del 6% en las mínimas, similar al de este año. El resto se revalorizará con la inflación, como manda la ley. Afortunadamente para el erario público, los precios empiezan a arrojar síntomas de moderación, pero es probable que superen el 4% en noviembre, mes de referencia para el pago de pensiones.

Zapatero tampoco ha querido que sean los funcionarios quienes paguen las consecuencias de la crisis. Verán crecer sus salarios más del 3%, como en los últimos años. Aun así, los sindicatos reprochan al Ejecutivo que recorte un 70% la oferta de empleo público para 2009. "La austeridad presupuestaria no es incompatible con el empleo público", sostiene Cándido Méndez, líder de UGT.

Más allá de los recortes, cuadrar el Presupuesto requerirá de ciertas artimañas. Hay un truco al que suelen recurrir los Ejecutivos (tanto el actual como el anterior del Partido Popular). Consiste en contabilizar algunos gastos como activos financieros, una fórmula que permite destinar dinero a proyectos sin incurrir oficialmente en déficit presupuestario. Aun así, Economía cuenta ya con un desequilibrio del 0,34% del Producto Interior Bruto (PIB), aunque la cifra puede ser superior.

La otra opción es que el Presupuesto -que el Gobierno presentará en menos de dos semanas- quede superado por la realidad, con unas cifras imposibles de cumplir tanto en el capítulo de ingresos como en el de gastos. Supondrá, en ese caso, la metamorfosis de un Solbes excesivamente prudente durante la anterior legislatura en otro con un punto de osadía en sus previsiones.