Hacienda implica a otras cuatro personas en la trama de Irún

El escrutinio a fondo realizado por la Hacienda foral guipuzcoana, que dirige Pello González (EA), para llegar al fondo de las ramificaciones del fraude de la oficina de Irún, estimado en ocho millonesde euros, sigue dando nuevos datos. El diputado informó ayer a la comisión de investigación de las Juntas que analiza las responsabilidades políticas del escándalo que, fruto de estas pesquisas, la Diputación va a poner a disposición de la juez que instruye el caso información y documentación suficiente para que decida si imputa a otras cuatro personas más en la causa, tres de ellas ajenas a la institución.

Según el diputado, la indagación, a la cual la mayoríade los inspecccionados están prestaron una "nula colaboración" cuando no la están "torpedeando", concluye que algunas de ests personas podrían haber sido colaboradores necesarios comisión de alguno de los delitos que se consideran probados en la instrucción del sumario. Presuntamente, habrían actuado como intermediarios en cobros de deudas tributarias de contribuyentes que no fueron ingresadas en las arcas forales.

Por razones de confidencialidad, el diputado de Hacienda se negó a facilitar su identidad. Tan sólo precisó que una de ellas está vinculada al departamento, mientras las tres restantes son ajenas a la Hacienda foral. En el turno de preguntas confirmó que una de ellas fue inicialmente imputada, aunque la juez retiró la acusación y lo mantuvo como testigo, lo cual señalaría directamente al abogado y asesor fiscal, Mariano Bravo, amigo pero sin vinculación familiar con el principal imputado, José María Bravo.

Este abogado fue precisamente la única persona que se negó a comparecer en mayo en la comisión de las Juntas Generales, pese a no estar imputado ni ostentar cargo alguno en Hacienda. Sí testificó en el sumario por el caso de una albañilería a la que la Hacienda reclamaba una deuda y por el de una sociedad que adquirió por recomendación de Jose María Bravo.

La persona vinculada a la Hacienda a la que se refirió González es, según la información que ofreció a la comisión, Juan Pardo, el responsable inmediatamente superior de José María Bravo cuando se produjo el fraude. Pardo era el jefe de la Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias de Guipuzcoa y fue destituido en febrero de este año, dentro de la amplia remodelación del departamento promovida por Pello González, quien declaró entonces que el relevo obedecía a la "pérdida de confianza" en el funcionario. El diputado apuntó entonces la relación jerárquica de Pardo con Bravo y la existencia de "indicios" de que algo no iba bien en la oficina de Irún. Incluso dijo que llegó a advertirle de que, si los indicios se convertían en pruebas, "el primero que le va a encausar es el señor diputado", lo que parece haberse producido ahora.