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El debate de la financiación autonómica

Negociación a muchas bandas, en plena crisis y solo contra todos

El calendario político condiciona al Gobierno, la crisis ha lastrado sus iniciativas y la telaraña de la negociación de la financiación autonómica le ha atrapado en el inicio de la legislatura. Por si tenía alguna duda, Solbes comprobará hoy que está solo frente a todos los partidos, compitiendo entre sí a ver quién es más duro con el Gobierno. Sólo le apoyará la portavoz del PSOE, pero incluso en los escaños socialistas hay 25 diputados cuyo partido, el PSC, rechaza radicalmente su posición.

Dirigentes del PSOE admiten que el margen de maniobra está limitado por la crisis y que, a su vez, del resultado de la negociación dependen, en cadena y de forma sucesiva, la aprobación de los Presupuestos, la manera de hacer frente a las dificultades económicas y la estabilidad del Gobierno.

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Zapatero necesita un pacto con el tripartito catalán en la negociación bilateral; con CiU, en el trámite parlamentario de la Ley Orgánica de Financiación; con las comunidades socialistas con intereses opuestos a Cataluña, en la negociación multilateral, y con los feudos del PP en cuya recuperación el PSOE pretende volcarse. Por más que el mensaje oficial sea el de desvincular Presupuestos y financiación, el Gobierno admite que, sin acuerdo, no hay votos suficientes para las cuentas públicas y que en éstas debe estar reflejado el efecto del nuevo modelo. Es decir, sin financiación no hay Presupuestos y sin Presupuestos no hay financiación.

Poner dinero en la mesa

En 2005, Zapatero salvó la Conferencia de Presidentes autonómicos poniendo sobre la mesa en el último momento, como oferta imposible de rechazar, 1.700 millones para el déficit sanitario. En 2000, Aznar hizo algo parecido para pactar la financiación. Cuando negoció el Estatuto catalán, ni Zapatero ni nadie preveían la crisis y la consiguiente disminución de la recaudación que impide poner dinero en el último momento. Tampoco se preveía cuando se puso en marcha la Ley de Dependencia, que exige esfuerzo suplementario a las comunidades.

Hay tres principios repetidos: en periodo de bonanza las diferentes reivindicaciones se salvan con fondos adicionales en la mesa, nadie quiere utilizar su capacidad de subir impuestos y en esta negociación no hay afinidad partidaria. Extremadura llevó al Gobierno de Felipe González en 1993 al Constitucional y ahora el de Valencia se suma al catalán. Por eso, la dirección del PSOE no quiere ni oír hablar de una reunión de barones socialistas. Mejor que hablen por separado. Además, respiran porque hasta noviembre no habrá Comité Federal donde debatir y no se constituirá el Consejo Territorial hasta que no acaben los congresos regionales.

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