Zapatero marca al Gobierno catalán las líneas rojas que no puede sobrepasar

Tras varias semanas de dura escalada verbal entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, José Luis Rodríguez Zapatero terció ayer en el debate para rebajar la tensión y establecer con claridad las líneas rojas que no traspasará en la negociación de la financiación autonómica. En su mayoría, no coinciden con las posiciones de la Generalitat y de todos los partidos catalanes, encabezados por el PSC. Los cinco principios infranqueables que fijó son la ausencia de plazos para lograr el acuerdo, la exigencia de un pacto con todos y no sólo con Cataluña, la necesidad de mejorar los ingresos de todas las comunidades, el mantenimiento del 50% de recursos públicos en manos del Estado y la garantía de la solidaridad.

El presidente mezcló en su mensaje la firmeza de fondo frente a la de la Generalitat, con la confianza en el pacto y el deseo de no confrontar declaraciones y polemizar en público para favorecer el acuerdo. Respaldó expresamente a su vicepresidente Pedro Solbes y sólo concedió que su propuesta, rechazada en bloque por todos los partidos catalanes, es "un punto de partida" y todavía hay margen para el acuerdo.

Para empezar, el presidente del Gobierno no admite los plazos que invoca la Generalitat como causa del agravio que denuncia. Así, rebatió que haya incumplido el Estatuto de Cataluña porque, según dijo, "establecía que en dos años hubiera un acuerdo, no decía que en dos años se debería aprobar un modelo determinado". Incluso, atribuyó a la Generalitat parte de la responsabilidad en que no hubiera un pacto el 9 de agosto: "Cuando hay un acuerdo intervienen dos voluntades y el Gobierno ha cumplido porque ha presentado una propuesta para el acuerdo, pero el acuerdo depende de 17 partes", de todas las comunidades. La disposición adicional primera del Estatuto dice que "la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat debe concretar, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de este Estatuto, la aplicación de los preceptos" referidos a la financiación.

En varios momentos fue más allá sobre la falta de plazos, advirtiendo reiteradamente de que "el acuerdo nos llevará tiempo, trabajo y esfuerzo". Zapatero hizo profesión de fe en el Estatuto y aseguró que lo cumple "escrupulosamente", con mención expresa al porcentaje de inversiones. Los partidos catalanes insistieron ayer en el incumplimiento. La contestación más dura procedió de ERC, que acusó al presidente de "falta de respeto" a Cataluña y sugirió que se puede quedar fuera del nuevo modelo si no le conviene.

El segundo principio que expuso es el de la multilateralidad. "Debe ser un acuerdo no sólo con la Generalitat, sino con todas las comunidades y tiene una parte bilateral y otra multilateral", explicó. Es decir, que Cataluña es sólo una parte más de las 17 en la negociación, según el presidente del Gobierno.

El tercero, en coherencia con el anterior, es que todas las comunidades y no sólo Cataluña "mejorarán su financiación, en un modelo que garantice más autonomía fiscal y más recursos". Zapatero explicó que, pese a la crisis económica, el Estado tiene margen para mejorar esa financiación y citó expresamente el 2,5% de superávit que mantienen las cuentas públicas.

El cuarto principio es que el Estado debe disponer de recursos suficientes para garantizar los servicios que presta. Expresamente dijo que "el Estado va a mantener un porcentaje de recursos públicos que no sea inferior al 50%", y explicó que sólo de esa forma podrá garantizarse el cumplimiento de la disposición del Estatuto que establece un mínimo de inversión en Cataluña, podrá "cumplir con la política social y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos".

La Generalitat pretende reducir ese porcentaje de recursos en manos del Estado.

El último principio establecido por Zapatero es el de garantizar la solidaridad entre todas las comunidades. Expresamente habló de educación, sanidad y "la prestación de servicios básicos". No añadió más precisión en este punto, que es uno de los que separa más claramente la posición del Gobierno y la de la Generalitat, porque ésta limita al máximo los conceptos que deben tenerse en cuenta para cifrar esa solidaridad. La batalla en este punto es determinar qué se consideran "servicios básicos", ya que Solbes incluye otras competencias como la Justicia.

Zapatero aprovechó su rueda de prensa para criticar al PP por pedir ahora el cumplimiento de un Estatuto que llevó al Tribunal Constitucional y mostró su disposición a comparecer en el Congreso para debatir sobre financiación autonómica, tal y como le pide la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios. No obstante, no desveló si aceptará acudir a la Cámara antes que perder la votación el día 20 en la Diputación Permanente frente a todos los demás grupos. Se limitó a desear que los partidos que solicitan su comparecencia tengan claro que "el debate sea útil al objetivo de llegar a un acuerdo razonable".