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Reportaje:

"Soy una mujer, pero no del todo"

La reconstrucción del clítoris es el último avance para superar el trauma de la ablación

Aissatou Gaye no se siente cómoda cuando habla de sexo con amigas. Sus complejos tienen fundamento: nunca ha vivido los placeres carnales que explican las demás. Su abuela tiene la culpa. Al poco de nacer, llevó a Aissatou y a otras niñas de la familia a ver a una mujer que les extirpó los genitales. Aissatou no recuerda aquel episodio. Pero a sus 38 años, esta mujer enérgica y vital aún sufre las consecuencias de aquella ablación colectiva acaecida en un remoto pueblo de Senegal. "Supe que tenía un problema la noche de bodas", dice Aissatou, una enfermera que llegó a España hace cinco años. "No siento nada con el sexo, y me culpo de ello. Noto que me falta algo; que soy una mujer, pero no del todo. Y llenaré ese vacío como sea".

Los 'mossos' han evitado este año 18 casos de mutilación genital femenina

La comunidad africana rechaza cada vez más esta práctica ancestral

Aissatou, casada y con tres hijos varones, está segura de que recobrará lo que le falta. Es una de las diez mujeres que pronto pasarán por el quirófano para someterse a una operación de reconstrucción del clítoris. Ha encontrado un sitio en España donde es posible: el Instituto Dexeus de Barcelona. Hace tres meses, el doctor Pere Barri sintió "un tremendo orgullo" tras intervenir a sus dos primeras pacientes, dos mujeres africanas víctimas de la ablación. El resultado ha sido óptimo: "Han recuperado la sensibilidad". La clínica realizará, en el futuro, dos o tres operaciones al mes. La intención es que la técnica se traslade a otros centros españoles para que las mujeres que en su día fueron mutiladas dejen atrás los fantasmas. "Operar es prevenir: decimos a las mujeres que hay remedio", dice Barri.

La ablación, una práctica ancestral con vigencia (aunque de forma clandestina) en 26 países de África, se ha hecho presente en España a través de la llegada de familias subsaharianas. Sobre todo, de Senegal, Gambia o Mali. En los años noventa, se efectuaron mutilaciones en territorio español. Ahora ya no ocurre eso; a la policía, al menos, no le consta ningún caso reciente.

El Código Penal castiga la ablación con penas de 6 a 12 años de cárcel. Las familias favorables a esta práctica aprovechan los viajes a su país para zafarse de la ley. Es ahí donde se focaliza la actividad de policía, jueces, asociaciones, asistentes sociales y médicos, que han redoblado esfuerzos. Tienen un valioso instrumento legal: desde 2005, la justicia puede perseguir las mutilaciones cometidas en el extranjero.

En Cataluña, la Generalitat ha aprobado un protocolo para prevenir, detectar y abortar casos de riesgo. Este año, los Mossos d'Esquadra han evitado 18 posibles mutilaciones. El Cuerpo Nacional de Policía no dispone de datos, puesto que no segrega la ablación del resto de delitos de lesiones.

Más allá de la acción policial, la clave es la prevención, coinciden los expertos. "Hay padres que lo hacen por el bien de sus hijas, porque no conocen las consecuencias", dice la presidenta de la Asociación de Mujeres AntiMutilación, Mama Samateh. Otras veces, los padres, integrados en la sociedad, rechazan la tradición. "Pero topan con la familia, que allí tiene mucha importancia", apostilla Yolanda Gracia, de la unidad de proximidad de los mossos. El riesgo, pues, persiste.

Más que amenazar con el peso de la ley (que también) se trata de convencer, con argumentos, de que la ablación es nociva. Quienes trabajan a pie de calle saben bien donde mirar. "Tenemos indicios para detectar el riesgo si la madre está mutilada o si la etnia familar suele practicar la ablación. Un dato definitivo son las visitas al pediatra por parte de las niñas", señala Gracia. Si a eso se suma un viaje inminente a África, el riesgo es evidente.

Rosa Negre, otra agente de la unidad de proximidad de la policía catalana, acumula una larga experiencia en Girona. "Hace años, para la comunidad africana era un tema tabú". Negre ha aprendido mucho, y tiene numerosas anécdotas. Una vez, descubrió que no podía hablar sólo con las madres cuando un padre le dijo: "Haz lo que quieras. Puedo dar la orden sentado desde este sofá". En otra ocasión, una mujer se puso a llorar: "Me dijo que si no mutilaba a sus hijas, ningún hombre las querría. Por eso hay que hacer mucha pedagogía".

Las personas que luchan contra la ablación tienen claro que hay que implicar, en especial, a las mujeres africanas. Como Aissatou, que tomó conciencia del problema cuando una sobrina murió dos días después de que le practicaran la ablación. Su hermana no quería hacerlo, pero la poderosa y extensa familia impuso su criterio. "Sufrí mucho", dice Aissatou, que hizo campaña en Senegal -"me miraban mal", recuerda- y que ahora trabaja para Médicos del Mundo.

Las adolescentes de origen africano copan la preocupación de las entidades. La prevención no llegó a tiempo para muchas de ellas, que ahora descubren que son diferentes y no tienen a nadie con quien hablar. Aissatou comentó su problema con los hermanos. Pero nunca ha hablado de ello con su abuela. Y menos lo hará ahora, que está enferma. "Lo que quiero es ponerme ya en manos del doctor Barri y recuperar el tiempo perdido".

"Nos quitaron a las niñas sin motivo"

Mohammed Fofana y Anna Saydibach, un matrimonio gambiano que vive en Premià (Barcelona) consideran que han sido víctimas de una cadena de errores. En diciembre, un juez de Mataró les retiró la custodia de sus dos hijas, de 6 y 13 años, ante la sospecha de que las llevarían a su país para practicarles la ablación. Al parecer, una de las niñas habló en el colegio sobre un posible viaje familiar. El comentario llegó a oídos de la profesora, que activó la maquinaria burocrática.

"Nos quitaron a las niñas sin motivo en las vacaciones de Navidad. Ha sido duro", dice el padre, angustiado porque, por primera vez, su hija mayor ha suspendido. En enero, el mismo juzgado les devolvió a las chicas, pero mantuvo medidas cautelares: la guardia y custodia seguía en manos de la Generalitat, y los padres se quedaban sin pasaporte y sin poder viajar fuera de España. La última resolución judicial, de junio, rectifica esas decisiones y archiva el caso, aunque alerta de que "no han desaparecido los indicios" que llevaron a investigar el caso.

Tal afirmación ha enojado a la familia. Mohammed y Anna están dolidos y quieren que, como mínimo, alguien les pida perdón. Han enviado una queja al Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) con las "injusticias" que, en su opinión, se han cometido. La educadora social alertó del "alto riesgo" de ablación después de que la madre no se presentara a una entrevista. Pero ésta no pudo hacerlo porque la carta llegó tarde y la dirección estaba equivocada. Los padres, además, no habían comprado billete de avión alguno -no tenían vacaciones ni dinero para ello- y la menor de las hijas no tenía los papeles en regla para viajar. Y más aún: la madre es miembro de la Asociación Mujeres AntiMutilación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de agosto de 2008

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