Financiación catalana

El nuevo Estatuto catalán estableció un plazo de dos años para que la comisión mixta Estado-Generalitat pactase el nuevo modelo de financiación de Cataluña de acuerdo con los principios establecidos en el propio Estatuto. Ese plazo venció ayer sin acuerdo. Las formaciones del tripartito catalán escenificaron ayer su protesta por ese incumplimiento de manera contenida y en ausencia de sus principales líderes. Pero tanto el presidente Montilla, socialista, como el líder de CiU, Artur Mas, se habían pronunciado horas antes. Ambos en tono firme y exigente. Montilla arremetió contra el Gobierno de Zapatero por la "asfixia" de Cataluña y tachó a algunos dirigentes autonómicos de disfrazar sus "privilegios" bajo el lema de la "solidaridad". Mas propuso que las cuatro formaciones condicionen su apoyo a los presupuestos a una buena financiación catalana, que debería ser fruto de un acuerdo bilateral, acabando con el "café para todos".

En casi todos los sistemas federales son frecuentes las disputas por la distribución de fondos similares a las planteadas desde Cataluña, y de entrada siempre será preferible que se discuta de reivindicaciones mensurables que de emociones imposibles de traducir. Por otra parte, los expertos admiten, en general, que la financiación de Cataluña se ha quedado estrecha y también que las inversiones del Estado en infraestructuras han sido estos años insuficientes, con efectos ya muy visibles.

Pero los dirigentes catalanes deben ser conscientes de que les conviene desplegar tanta habilidad y capacidad de convencimiento como firmeza y contundencia. Aunque sólo sea porque sin un acuerdo general resultará imposible reequilibrar la financiación de Cataluña, como reclaman. Y para convencer deben recordar que algunos aspectos del Estatuto en que sustentan sus planteamientos no han sido digeridos, incluso por quienes lo han votado en Cortes, y suscitan polémica. Así sucedió con el capítulo de las inversiones, vinculadas a la contribución catalana al PIB español; sucede ahora con la limitación de la solidaridad; o también con el alto grado de bilateralidad comunidad autónoma-Estado. Se comprende que los cuatro partidos catalanes lamenten el incumplimiento del plazo que vencía ayer para alcanzar un acuerdo que desarrollase los principios financieros del Estatuto; incluso que critiquen las dilaciones que puedan ser imputables a la Administración central. Pero un acuerdo es siempre cosa de dos.

Haría mal el Ejecutivo de Zapatero en minusvalorar el malestar catalán (no sólo del Gobierno, sino también de la oposición, el empresariado y su sociedad civil). Pero harían peor los dirigentes catalanes si olvidasen que en el pacto está el éxito y se colocaran en la tesitura de convertir la tensión en enfrentamiento, contribuyendo así a la inestabilidad (por ejemplo, bloqueando los presupuestos). Sería tirar piedras también contra su propio tejado.