Los alcaldes catalanes hacen frente común para que no se olvide la financiación local

Los alcaldes catalanes esperan pesimistas la llegada del otoño con unas cuentas municipales diezmadas por la crisis económica y con más demanda de ayuda social que nunca. Les urge más que nunca la histórica reforma de la financiación local por la que el Estado debe ceder más dinero a los ayuntamientos. De ahí que se hayan puesto las pilas para hacer un frente común de ediles de todos los colores políticos. Ayer visualizaron su ofensiva mediante una presentación conjunta de los presidentes de la Federación de Municipios de Cataluña, el socialista Manuel Bustos, y de la Asociación Catalana de Municipios, el convergente Salvador Esteve.

"Queremos estar en las negociaciones de la financiación autonómica", dijeron al unísono el alcalde de Sabadell y el de Martorell. Y es que los responsables económicos de los ayuntamientos observan con preocupación cómo el debate político está monopolizado por la financiación autonómica. Admiten que es importante que la Generalitat mejore su financiación, pero ellos no se quieren quedar atrás. "Cuando una fábrica cierra en una ciudad, el primero que lo sufre es el empleado, pero el segundo es el ayuntamiento, pues es allí a donde van a llamar quienes necesitan ayuda", resumió el alcalde de Martorell.

Los municipios piden estar en la negociación de la financiación autonómica

La puesta en escena del frente común la hicieron sobre la base de un documento pactado por las dos principales asociaciones municipalistas de Cataluña. El documento deja claro el malestar porque, mientras la Generalitat se reúne con sindicatos, patronales y partidos para diseñar la nueva financiación autonómica, no ha hecho lo mismo con los ayuntamientos. "Queremos estar al lado de la Generalitat en las conversaciones para la financiación autonómica, pero la Generalitat también debe estar a nuestro lado".

La principal demanda es recibir del Estado el dinero suficiente para sufragar las actuaciones que llevan a cabo los ayuntamientos y que en teoría deberían realizar otras administraciones. En el conjunto de España se estima en 7.000 millones de euros el coste de estos servicios extras. También pide que se exima a los ayuntamientos de pagar el IVA en las inversiones que hacen. "No para ahorrar, sino para reinvertir este dinero en nuevos proyectos".

Bustos admitió que las negociaciones con el Gobierno central no van bien. "La propuesta que ha hecho el ministro Solbes es muy inconcreta", dijo. Y eso que la voluntad del Gobierno es que la nueva financiación local, como la autonómica, entre en vigor en enero.

Pero el puzzle es complicado. El Gobierno se ha comprometido a aportar recursos adicionales a las comunidades, y la ley de financiación local condiciona la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado a la evolución de dichos ingresos; si se reducen en favor de las autonomías, se minoran también los de los ayuntamientos.

La oferta del vicepresidente Pedro Solbes se basa en mantener el statu quo -ningún ayuntamiento perderá respecto a lo que obtiene ahora-, dar más autonomía financiera y, sobre todo, poner más dinero sobre la mesa, aunque no se dice cuánto. El criterio de población será determinante.