Camps no podrá sustituir Ciudadanía por un trabajo

Las clases de Educación para la Ciudadanía no pueden sustituirse por un trabajo escolar. Y su contenido no puede ser evaluado en inglés. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana hizo ayer añicos el diseño de la asignatura ideado por el Gobierno de Francisco Camps. Los magistrados suspendieron cautelarmente la llamada opción b, que permitía a los alumnos aprobar Ciudadanía con la redacción de un trabajo por trimestre cuyo tema elegirían las familias (y que la Generalitat vendió como una vía legal hacia la objeción de conciencia). Y también el examen de conocimientos de inglés que el Gobierno valenciano había asociado a la materia.

La Generalitat ha invadido competencias del Estado, dice el TSJ

La lógica parecía indicar que, si los tribunales habían prohibido que se evaluara la "adquisición de destrezas lingüísticas de un idioma no oficial", la Generalitat se vería obligada a dar marcha atrás en su intención de impartirla en inglés. No fue así. A pesar del mazazo, Alejandro Font de Mora, consejero de Educación, valoró "muy positivamente" el auto del TSJ, aferrándose a que no vetaba que las clases se desarrollaran en ese idioma. Nada impedía, declaró un portavoz del departamento, que el examen se realizara en castellano o valenciano.

El TSJ dictó sendos autos de medidas cautelares a petición del Gobierno y de Comisiones Obreras, que recurrieron el desarrollo autonómico de la asignatura en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El tribunal basó sus resoluciones en la invasión por parte de la Generalitat de competencias del Estado (corresponde al Gobierno "asegurar una formación común a todos los alumnos y alumnas dentro del sistema educativo español", recordó, citando el decreto de enseñanzas mínimas de la ESO, y eso incluye la fijación del currículo básico y las formas de evaluación), y en los "daños de difícil o imposible reparación" que la normativa valenciana podría ocasionar a los alumnos: si cuando falle sobre el fondo del recurso, el TSJ prohíbe definitivamente la opción b, aquellos chavales que la hubieran cursado suspenderían la asignatura y no podrían obtener el título de ESO.

El tribunal superior valenciano calculó que no dictará sentencia sobre el fondo de los recursos, al menos, hasta mayo de 2009. "De no suspenderse la orden, ésta se aplicaría, con total seguridad, en el curso académico 2008-2009", añadió. Contra las resoluciones caben recursos de súplica ante la misma sala (la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo), que ha adoptado los autos con los votos a favor de sus siete magistrados.

La Generalitat se limitó a celebrar que el TSJ hubiese reconocido su derecho a dar las clases en inglés, y dejó para hoy el resto de valoraciones. Eva Almunia, secretaria de Estado de Educación, invitó al Gobierno valenciano a "volver al orden" una vez conocidos los autos. "No puede haber medidas especiales para los que quieran objetar", pues equivaldría a "encubrirlos", declaró Almunia a Efe en referencia a los trabajos sustitutorios.

Más beligerantes fueron las opiniones de la comunidad educativa: mientras los sindicatos celebraron que se haya frenado "el atropello a la dignidad de los profesores", la Confederación Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) de la Comunidad Valenciana, opinó que con esa decisión "muchos padres se verán abocados a la objeción de conciencia".