Cien días con la crisis a cuestas

No habrá celebraciones, ni mítines ni nada que se le parezca, aunque el presidente andaluz hará balance mañana martes en conferencia de prensa antes de irse de vacaciones. Al fin y al cabo, los primeros 100 días del nuevo Gobierno socialista de Andalucía, tras las elecciones autonómicas, se suman a los 26 años seguidos en el poder del PSOE.

Cien días con una crisis económica a cuestas y con crisis ("mini", la llamó Chaves) de gobierno. Una de las primeras medidas acordada por el Ejecutivo andaluz a la semana de tomar posesión el 21 de abril fue rebajar en un punto, hasta el 2,4%, la previsión de crecimiento económico y a la mitad (50.000), la de creación de empleo. Los primeros 100 días del Ejecutivo presidido por Manuel Chaves, giran en torno a los números rojos de la economía, una situación que los socialistas empezaron a describir con eufemismos y circunloquios, pero a la que el propio Chaves llamó por su nombre (crisis) a finales de mayo en el Parlamento. Además de la económica, Chaves ha tenido que hacer cambios en su gabinete por la inesperada salida de la Consejería de Obras Públicas de Mar Moreno para hacerse cargo de la secretaría federal de Política Institucional y Autonómica del PSOE, una decisión a todas luces improvisada.

Meses antes de renovar un nuevo mandato con mayoría absoluta, los socialistas ya preveían una etapa de desaceleración, de ahí que a las puertas de la campaña electoral, en el mes de febrero, el Ejecutivo andaluz acordase inyectar 1.404 millones de euros a la economía para acelerar la ejecución de medidas contempladas en el presupuesto de la comunidad.

Al contrario que al inicio de otras legislaturas donde los llamados temas políticos -relaciones interinstitucionales, reforma del Estatuto, litigios competenciales- dominaban la escena, en la actual, la situación económica se ha convertido en la principal prioridad del Gobierno andaluz. Con el convencimiento, además, de que lo peor está por llegar si se tiene en cuenta lo dicho por Chaves en el reciente congreso del PSOE andaluz en el que pidió a los suyos que se concentraran en dar la cara a "años difíciles". Era una manera de decir que se prepararan para posibles conflictos sociales. Estas advertencias van trufadas con mensajes positivos de que Andalucía afronta en mejores condiciones que en otras etapas la actual crisis y también mensajes tranquilizadores de que se mantendrá el gasto social en el próximo ejercicio presupuestario.

Tras 13 años ininterrumpidos de crecimiento económico, basado principalmente en el sector de la construcción, la crisis del ladrillo ha empezado a tirar hacia arriba de la cifra del paro, cuando antes de que se apagaran los focos de la campaña electoral, el PSOE y el resto de los partidos prometían en sus programas el pleno empleo y todo el Gobierno exhibía con orgullo la tasa de 12% de desempleo, la más baja de la historia de Andalucía. Como de la noche al día, esa cifra se ha esfumado y alcanza ya el 16,2% en el segundo trimestre del año.

Para que el cemento siga moviéndose, la Junta aprobó a finales de junio el Plan Concertado de la Vivienda, que prevé la construcción de 132.000 viviendas de protección oficial (VPO), con una inversión pública de 3.000 millones de euros en los próximos cuatro años. Un total de 31 entidades financieras se han comprometido a triplicar esa cantidad (9.500 millones). Este proyecto es la gran esperanza de la Junta como principal motor de la economía en esta legislatura, de ahí que sobre este proyecto graviten otras iniciativas como la de crear equipos provinciales para agilizar los planeamientos urbanísticos de los municipios, los incentivos a los promotores o la invitación a las empresas para vender viviendas de renta libre al previo máximo de VPO (174.000 euros) siempre que bajen sus previos y, por lo tanto, sus beneficios. La última decisión de la Junta en este campo ha sido el de destinar 150 millones de euros para la compra de suelo para construir 10.000 viviendas de VPO en una treintena de municipios.

El mayor instrumento que tiene el Gobierno para paliar la crisis es el presupuesto de la Junta. Con el fin de estimular la economía, a primeros de junio aprobó un paquete de 35 medidas por 1.374 millones de euros, de los casi la mitad van destinados a acelerar inversiones y programas. Y acordó rebajar mediante la utilización por primera vez del decreto-ley los impuestos de donaciones y de sucesiones.

Ante este panorama, no es de extrañar que uno de los protagonistas de estos tres meses haya sido el vicepresidente económico y consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, quien además debe cerrar un acuerdo a la vuelta de las vacaciones sobre el sistema de financiación y la cifra total de la deuda histórica. El otro protagonista tiene nombre de mujer: Clara Aguilera, la tenaz consejera de Gobernación empeñada en dar un impulso a las relaciones con los ayuntamientos. De momento, ha logrado que en 2008 haya 15 millones más para ayudas a los municipios.