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El Gobierno sale en apoyo de las inmobiliarias con compras de suelo

Vivienda destinará 300 millones a adquirir terrenos para pisos protegidos

El consejo que reciben actualmente los compradores de vivienda -aprovechar la crisis del sector para obtener mejor precio- es también válido para el Gobierno. El Ministerio de Vivienda va a poner en marcha una operación de compra de suelo privado para construir vivienda protegida, según anunció ayer la ministra, Beatriz Corredor.

Esta medida, que arranca en octubre con una oferta inicial de 300 millones de euros, persigue un doble objetivo: disponer de suelo para cumplir los compromisos del Ejecutivo en vivienda pública y aliviar a inmobiliarias y promotoras, que, asfixiadas por la crisis, necesitan vender, aunque sea a precio bajo.

Corredor cree que la sobreoferta de casas se absorberá en tres años

La iniciativa de Corredor, anunciada ayer en un desayuno de trabajo organizado por el diario Cinco Días, se produce en plena polémica sobre si el Gobierno debería acudir al rescate de las empresas del sector para evitar suspensiones de pagos como la de Martinsa-Fadesa, la mayor inmobiliaria del país por activos. La ministra negó que su intención sea ayudar a las empresas en apuros: "No estamos interviniendo; eso es lo que algunos nos reprochan". No obstante, algunas fuentes aseguran que SEPES, la entidad pública de suelo que impulsará este proyecto, estudió comprar directamente suelo a Martinsa, pero se consideró inconveniente actuar por esa vía.

Este organismo, dependiente de Vivienda, desarrollará el proyecto durante cuatro años, por lo que los 300 millones de euros iniciales podrían ampliarse. El programa electoral del PSOE contempla la construcción de 1,5 millones de viviendas protegidas en 10 años, aunque entre los métodos para lograrlo no se mencionaba la compra de suelo privado, sino la utilización de suelo público (municipal, del Estado, de las comunidades...). Ésta es la fórmula que se ha seguido hasta ahora para promover vivienda protegida. La novedad de lo anunciado ayer por Corredor radica en emplear suelo privado en un momento en que el sector se desmorona. "El suelo público no basta", argumentó Corredor. El primero en citar esa solución para mitigar las dificultades fue el ministro de Industria, Miguel Sebastián, al día siguiente de que Martinsa-Fadesa suspendiera pagos.

Las empresas interesadas en vender suelo al Estado tendrán tres meses para presentar sus ofertas a partir de octubre. Los criterios de selección se pactarán con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, depositarios de casi todas las competencias de vivienda. Entre las tres administraciones estudiarán los proyectos durante seis meses y después se cerrarán las compras. El precio "vendrá determinado por la oferta que realicen los vendedores", según la ministra, dentro de los parámetros de la vivienda protegida. En cuanto a las zonas, primarán las que tengan mayor demanda, generalmente grandes ciudades.

Vivienda intentará que el suelo adquirido se pueda transformar inmediatamente en vivienda protegida, es decir, que ya sea urbanizable y que, como mucho, requiera la licencia para levantar pisos de protección oficial. Fuentes del sector aseguran que el precio será más asequible si ya estaba destinado a vivienda protegida.

Además de anunciar este proyecto, la ministra vaticinó que los promotores tardarán unos tres años en absorber el excedente de 800.000 viviendas que se calcula hay en el mercado como consecuencia del frenazo de las compraventas. Eso siempre que se mantenga "un ritmo normal de demanda", precisó.

La crisis del sector se cobra víctimas cada día. Ayer trascendió que la aseguradora Asefa, uno de los acreedores de la inmobiliaria catalana AISA, que le debe 4,4 millones, se salió con la suya y logró, en un segundo intento, que el juez aceptara a trámite el concurso de acreedores que había pedido anteriormente, informa Ariadna Trillas. Según el juez, AISA tiene impagos por valor de 12 millones y ha pedido aplazar una deuda de 4,5 millones ya vencida a la Agencia Tributaria. La justicia también ha declarado el concurso de acreedores del grupo constructor mallorquín Drac, con un pasivo de 600 millones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de julio de 2008