La tramitación de la ley eléctrica se alarga un año

El Gobierno catalán se tomó su tiempo para calibrar qué sanción proponer a REE y Endesa -21 millones de euros- para evitar que las esperadas alegaciones de ambas compañías (aún no presentadas) le quiten la razón y rebajen la multa, como ocurrió en 2001. Por el contrario, la Generalitat sí se apresuró a preparar una reforma legal que aprieta las clavijas a las empresas.

"Fue un proyecto de ley precipitado", subraya desde CiU el diputado Antoni Fernández Teixidó, que promovió en vano una enmienda a la totalidad. "El Gobierno no ha tenido prisa", añade el diputado del PP Santi Rodríguez, tras recordar que no ha habido procedimiento de urgencia. Falta de prisa, precipitación o lo que fuera, la ausencia del preceptivo dictamen del Consejo de Trabajo Económico y Social mantuvo suspendida la tramitación entre el 27 de noviembre y el 9 de enero.

La complejidad técnica, sumada a la larga lista de comparecencias de consumidores, empresas y expertos, las prórrogas pedidas por los grupos para presentar enmiendas... La ley, como pronto, podrá ser aprobada a finales de octubre.