Argentina deroga la subida de los impuestos agrarios

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aceptó su derrota del jueves en el Congreso y derogó ayer la resolución que en marzo pasado había elevado el impuesto a la exportación de soja del 35% al 45%, aunque sujeto a la cotización internacional con un tope máximo del 53%.

Aquel incremento tributario había desencadenado cuatro huelgas de las principales entidades rurales (que agrupan desde latifundistas hasta pequeños agricultores, aunque no campesinos pobres), con el consiguiente impacto en la economía, la inflación y la estabilidad política, dado el voto del vicepresidente del Gobierno y presidente del Senado, Julio Cobos, contra el proyecto de la presidenta.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, fue el encargado ayer de anunciar la decisión de la presidenta. "Ordenamos dejarlas sin efecto [las subidas de impuestos] para que puedan discutirse en democracia", dijo Fernández. El jefe de Gabinete recordó que, tras el incremento de marzo, "hubo una escalada de cortes de carretera, desabastecimiento, encarecimiento de los alimentos y agresiones físicas y verbales". La violencia provino tanto del kirchnerismo como del ruralismo.

El campo reaccionó con satisfacción a la derogación, que retrotrae el impuesto a la soja al 35% y elimina las devoluciones tributarias para pequeños y medianos agricultores, que el Gobierno y la Cámara de Diputados habían introducido en los últimos meses para convencerlos. "Es una buena noticia", dijo el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, que defiende los intereses de pequeños y medianos productores.

Si bien la reducción impositiva implicará la pérdida de 1.000 millones de euros para las arcas públicas, se pondrá en marcha la comercialización de granos, dado que la mitad de la cosecha permanecía almacenada a la espera de un cambio normativo. Las exportaciones de soja y sus derivados (harina y aceite) suponen un tercio del total de las de Argentina.

Pero no todo será primavera en el invierno argentino. Además del problema de una inflación de alrededor del 25%, subsiste la pelea política dentro del kirchnerismo. En la noche del jueves, Cristina Fernández habló por primera vez después de la derrota parlamentaria que provocó el voto de su vicepresidente. "Nunca hemos traicionado [a nadie]", dijo la presidenta con relación al vicepresidente Cobo, que le acompañó en las listas electorales en octubre pasado después de haber abandonado la Unión Cívica radical. También se refería a los senadores y diputados peronistas y aliados que votaron contra su iniciativa. "Algunos tal vez no hayan entendido a la gente allá por octubre. Alguna vez entenderán o, a lo mejor, algún día se darán cuenta", se envalentonó la jefa de Estado en un acto público en la ciudad de Resistencia (noreste de Argentina). Ayer, se reunió en Buenos Aires con su ministro de Economía, Carlos Fernández, para definir la derogación y, más tarde, con legisladores fieles para evaluar los pasos por seguir.

Cobos, que había aclarado el jueves que no planeaba renunciar a su cargo, le respondió ayer a Cristina Fernández: "El mensaje de octubre es bregar por un país con más institucionalidad, inclusión social, trabajo, generación de riqueza y distribución de la misma. Por lo menos en mi caso, no me he salido de eso. Deseo que el Gobierno que encabeza la presidenta sea el mejor. Hay que acompañarla". De acuerdo con la Constitución argentina, el presidente no puede destituir al vicepresidente. El número dos de la República sólo puede ser destituido en un juicio político del Poder Legislativo, con el voto de dos tercios de las cámaras de Diputados y Senadores. Pero los leales a Cristina Fernández y a Kirchner, presidente del peronismo, no son tantos, como quedó en evidencia en la discusión del impuesto a la soja.