El desarrollo de la ley de educación costará 1.000 millones de euros

La futura ley de educación deberá movilizar muchos recursos públicos adicionales para la enseñanza no universitaria. Cataluña gastará en torno a 1.000 millones más al año cuando se apruebe y aplique por completo esta ley. Así lo avanzó ayer el consejero de Educación, Ernest Maragall, en una conferencia ante más de 200 personas.

Esta cantidad supone un incremento del 20% en el gasto público educativo actual, fijado en 4.880 millones de euros en el presupuesto de este año. Al referirse al gasto adicional necesario, estando presente en el acto el consejero de Hacienda, Antoni Castells, Maragall dijo en tono jocoso: "Que el consejero Castells se tape los oídos".

El aumento del gasto se deberá hacer en seis y ocho años, dijo Maragall. La Generalitat tiene previsto aprobar el proyecto de ley de educación en breve, aseguró. El objetivo es que se presente al Consell Executiu el próximo 29 de julio. La ley tendrá una memoria económica que evaluará el incremento de gasto necesario.

Maragall está estos días redoblando su actividad para explicar la futura ley. La semana pasada envió a los más de 60.000 docentes catalanes una carta en la que defiende la ley y destaca su papel para realizar los cambios. Ayer desgranó los ejes de la futura norma en una conferencia que dio en Tribuna Barcelona.

Uno de los desafíos es aumentar de forma contundente el número de jóvenes que siguen estudiando más allá de la edución obligatoria, que acaba a los 16 años. Hoy sólo siguen estudios posobligatorios el 60% y se busca elevar ese porcentaje hasta el 85%, señaló el consejero.

Maragall quiere que la ley de educación sea "de país" y tenga un amplio respaldo político. Espera que obtenga el apoyo no sólo de los partidos que forman el Gobierno catalán -PSC, ERC e ICV-, sino también de CiU. "Me gustaría que se añadiera el PP, aunque lo veo difícil si no modifica sus planteamientos ente el Estatuto en este ámbito", afirmó.

Las negociaciones para incorporar a CiU a un acuerdo están produciendo algunas tensiones con los socios, aseguran fuentes de ERC y de ICV. Aun así, en medios de ambos partidos se señala que puede haber un texto final la semana que viene para que sea aprobado por el Consell Executiu.

También se pretende que las asociaciones de padres de alumnos, las patronales y los sindicatos de profesores respalden la ley. "No estoy obsesionado por aprobar la ley a cualquier precio, cueste lo que cueste, y menos a base de equilibrios precarios o cargados de mutuas desconfianzas", dijo el consejero.

Maragall enumeró los principales puntos de la ley: autonomía, evaluación, dirección, carrera profesional y refuerzo de la formación de los docentes. La agencia de evaluación que se quiere crear ha de ser "potente, solvente e independiente, sin interferencias", recalcó Maragall. También debe aportar información "exhaustiva sobre el sistema educativo".

El consejero explicó que su departamento trabaja para poner en marcha una prueba de competencias básicas a la que los alumnos se someterán cuando acaben la primaria (a los 12 años), con el fin de conocer mejor su nivel de conocimientos. Los resultados de esta prueba no tendrán efecto para pasar de curso, pero sí darán información detallada sobre cómo dominan los alumnos las distintas materias.

En cuanto a la prueba de selectividad, que el Gobierno central cambiará a partir del próximo curso, Maragall quiere que se refuerce la expresión oral en las lenguas del país. El consejero volvió a defender, a preguntas de los asistentes, su plan para crear centros segregados para alumnos inmigrantes en Reus y Vic.

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