UE, crisis, inmigración

El informe de Zapatero sobre la última cumbre de la UE dio ocasión ayer para la celebración del primer pleno posterior al Congreso del PP. Su desarrollo confirma la opción de este partido por los efectos de la crisis económica como territorio preferente de oposición; confirma también las dificultades del Gobierno para conectar con sus antiguos aliados de izquierda y, en cambio, la clara disposición del nacionalismo catalán para ocupar su lugar.

Lo que se había planteado como una cumbre centrada en las consecuencias del encarecimiento de los combustibles y de los alimentos se vio afectado por los resultados del referéndum irlandés. Zapatero se identifica plenamente con la postura adoptada por los Veintisiete: dejar la iniciativa a Dublín, que a su vez ha pedido tiempo y ausencia de presiones. Parece claro que, como recordó Duran Lleida, la UE carecía de un plan B para el caso de no ratificación por un país; pero no es del todo cierto que dejar que sea Irlanda quien proponga una fórmula suponga no tener posición.

Al hacerlo así no sólo se intenta ganar tiempo, sino que se descartan otras posibilidades barajadas; sobre todo, se descarta la congelación del proceso de ratificación, al que mañana se sumará España y dentro de poco el Reino Unido tras la resolución de su Tribunal Supremo de ayer, considerando legítima la ratificación parlamentaria, sin referéndum. Rajoy no sólo está de acuerdo sino que propuso -y Duran le secundó- habilitar un pleno extraordinario del Senado en julio para ultimar la ratificación como "muestra del compromiso de España".

España está más afectada que otros países por la subida del petróleo y de los alimentos y sus efectos sobre la inflación, y ello habría exigido mayor protagonismo de Zapatero a la hora de plantear alternativas, y no sólo "dejarse llevar por la corriente", acusó Rajoy. Pero él mismo se limitó a proponer una subcomisión parlamentaria que estudie posibles reformas de la Política Agrícola Común (PAC), ahora que lo que hay no es exceso de producción y bajos precios sino lo contrario.

Los ex aliados de izquierda cargaron especialmente sobre la actitud de los socialistas en relación a la directiva europea sobre expulsión de inmigrantes sin papeles avalada por la Eurocámara con el voto (dividido) de los europarlamentarios del PSOE. El argumento del Gobierno de que se trata de poner un límite que obligue a los países que no tienen ninguno, y de que en todo caso no afecta a España, es poco convincente: primero, porque todo límite máximo tiende a convertirse en pauta habitual; segundo, porque la norma la podría aplicar en su día un Gobierno menos garantista: Rajoy dijo ayer acoger "satisfactoriamente" ese respaldo a la directiva.

El debate fue, así, un ensayo del que sobre la crisis económica tendrá lugar el próximo miércoles por decisión de todos los grupos, unidos contra el PSOE; y un adelanto de las nuevas, y más enrevesadas, relaciones políticas que condicionarán al Gobierno en esta legislatura.