La justicia anula el programa educativo de La Rioja

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha anulado la normativa de contenidos de esa comunidad para la enseñanza primaria y secundaria (ESO). El Ministerio de Educación las había recurrido por incumplir los mínimos fijados por el Gobierno para todo el Estado, sobre todo en la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Por ejemplo, por la desaparición de toda referencia a la homosexualidad. Pero los jueces han declarado nulas de pleno derecho esas normas, en dos sentencias, por no haber pasado en su tramitación por un órgano preceptivo, el Consejo Consultivo de La Rioja, algo que el Gobierno autónomo no consideró necesario. Presentará un recurso ante el Tribunal Supremo.

En cualquier caso, las sentencias no han llegado a pronunciarse sobre los presuntos incumplimientos de contenidos, de los que también adolecen los decretos del resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular (excepto Navarra), que siempre se ha mostrado contrario a Ciudadanía. Aún faltan por resolver los recursos presentados por Educación contra los decretos de Madrid, Castilla y León y Murcia.

El Gobierno riojano asegura que su norma seguirá en vigor hasta que se pronuncie el Supremo sobre su recurso de casación. Sin embargo, el ministerio responde que pedirá al Tribunal Superior de La Rioja que ejecute inmediatamente la sentencia, con lo que los alumnos de la comunidad empezarían el curso que viene con los contenidos mínimos fijados por el Gobierno. En cualquier caso, Educación ha pedido al Ejecutivo riojano que aproveche estas sentencias para volver a redactar las normas cumpliendo la ley.

Los contenidos mínimos son obligatorios en todas las comunidades, aunque éstas tienen margen para aumentarlos. Las omisiones de las que se queja el Gobierno central en el caso de las cuatro comunidades del PP llevadas ante los tribunales son, entre otras, la referencia directa a la homosexualidad (sobre el rechazo a la homofobia), la "valoración crítica" de los prejuicios "sexistas y homófobos", o el rechazo a la discriminación por culpa de la "orientación afectivo-sexual".

La Rioja, como lo había hecho antes Castilla y León, ya reconoció haber "limado" los puntos más conflictivos de la asignatura. De momento, los tribunales no se han pronunciado sobre esto, aunque lo harán, previsiblemente, en alguno de los tres recursos que quedan por resolver.

La polémica de Ciudadanía puede alcanzar un momento crítico en septiembre, cuando todas las comunidades, incluidas las del PP, empiecen a impartirla (este año han comenzado siete). Y lo hará si el Supremo no unifica antes la doctrina sobre las sentencias que existen a favor (Andalucía) y en contra (Asturias, Aragón y Cataluña) de la objeción de conciencia, ya que Madrid, Valencia y Murcia han dicho que, de una u otra manera, ampararán el boicoteo. La Rioja y Castilla y León han señalado que no lo permitirán.

Alumnos catalanes, en clase de Ciudadanía.
Alumnos catalanes, en clase de Ciudadanía.MARCEL·LÍ SÀENZ

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 18 de junio de 2008.

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