La UE cierra el paso a los 'sin papeles'

La directiva que permite mantener detenidos a los inmigrantes sin papeles durante 18 meses superó ayer el último trámite al ser aprobada por una aplastante mayoría en el Parlamento Europeo, que no aceptó ni una sola enmienda. El texto, que también autoriza a enviar a menores a países distintos de los de origen, fue aprobado por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones.

"Hoy ha sido un día negro para Europa", asegura un diputado de IU

A los grupos de la derecha -Partido Popular Europeo, que aportó 217 votos, y la Europa de las Naciones, 40- se unieron 57 votos de los liberales y 34 de los socialistas, 16 de ellos españoles. Los votos contra la directiva, que impide a los expulsados volver a entrar a la UE en cinco años, llegaron de las filas socialistas (100 papeletas), de la Unión de la Izquierda Europea (37) y de Los Verdes (36).

La votación despertó una inmediata reacción de repulsa en las repúblicas latinoamericanas y las organizaciones humanitarias.

Tras conocer el resultado de la votación, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso crear un frente latinoamericano para protestar contra la directiva de retorno, que calificó como "directiva de la vergüenza", tal como la vienen definiendo las ONG europeas. "Esperamos dar una respuesta común con los diferentes países de América Latina", dijo Correa a la televisión Canal Uno. "Unidos seremos mucho más fuertes y podremos exigir mejor nuestros derechos", añadió.

Por su parte, Paraguay ha anunciado su intención de plantear en la cumbre de jefes de Estado de Mercosur del 1 de julio que se rechace la directiva. El ministro de Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez, ha dado instrucciones para presentar una declaración en Mercosur que "se pronuncie con nitidez" sobre el texto, informa Efe.

También el mundo católico, que antes de la votación había enviado varios mensajes a los eurodiputados, ha expresado su malestar. Agostino Marchetto, secretario del Consejo Pontificio para los emigrantes, dijo: "No debemos criminalizar a los inmigrantes a ningún precio". "Los ciudadanos de terceros países, tanto como los ciudadanos comunitarios, no deberían ser privados de libertad personal o sujetos a penas de detención a causa de infracciones de tipo administrativo", insistió.

Amnistía Internacional lanzó también ayer una declaración en la que afirmó que "el nuevo texto aprobado por el Parlamento Europeo no garantiza el retorno de los inmigrantes en condiciones de seguridad y dignidad. La directiva establece un ejemplo extremadamente malo".

La división del grupo socialista y el apoyo masivo de los liberales reflejó la fuerte presión que han ejercido los Gobiernos sobre los eurodiputados, especialmente de los partidos que están en el poder. Los parlamentarios fueron conminados seriamente a que apoyaran el texto aprobado por el Consejo el pasado día 5.

De los 34 votos socialistas a favor de la directiva, que no garantiza el control judicial de los detenidos en el plazo de 72 horas, 16 son españoles. Sólo el ex presidente del Europarlamento Josep Borrell y el ex líder de los socialistas catalanes Raimon Obiols votaron en contra, como la mayoría de sus compañeros europeos. El diputado Martí Grau se abstuvo. Una docena de socialistas alemanes también votó a favor y muchos laboristas británicos se abstuvieron.

La directiva podrá ser aplicada a unos ocho millones de inmigrantes ilegales que, según la Comisión Europea, se encuentran en Europa. Más de 200.000 fueron detenidos en el primer semestre de 2007, de los que menos de 90.000 fueron expulsados.

El eurodiputado socialista español Javier Moreno justificó el apoyo al texto señalando que la directiva de retorno "sienta las primeras bases de un marco europeo común para la gestión de la inmigración irregular". "Los socialistas españoles en el Parlamento Europeo", dijo, "hemos intentado hacer de la propuesta del Consejo un texto más garantista, acercándolo al máximo a las legislaciones europeas más avanzadas. Con nuestro empeño, los socialistas hemos logrado la asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes".

Sin embargo, Willy Meyer, eurodiputado de Izquierda Unida, expresó su preocupación porque "la directiva permitirá deportar a ocho millones de inmigrantes sin garantías". "Hoy ha sido un día negro para Europa", dijo. "Esto nos retrotrae a la época en la que en España se podía detener sin contar con la orden de un juez".

Martine Roure, la eurodiputada socialista ponente en la sombra, expresó su preocupación porque la directiva "se aplica a personas que ya están instaladas aquí, que tienen sus hijos, que pagan sus impuestos". Roure subrayó su inquietud "por la situación de los niños que pueden ser enviados a países distintos de los de su origen sin garantías".

La eurodiputada liberal Jeanine Hennis-Plasschaert, portavoz de su grupo para temas de inmigración, manifestó que "la política de retorno no debe ser considerada de manera aislada". Precisó que "debería ser vista como un paquete integral y necesario de inmigración, incluyendo el asilo e inmigración legal. Si queremos impulsar en Europa una estrategia de inmigración, necesitamos simplemente una efectiva, aunque justa y transparente, política de retorno".

Giusto Catania, de la Unión de la Izquierda Europea, censuró las presiones de urgencia efectuadas por los Estados "para poder desbloquear los casi 700 millones de euros, que ahora con la aprobación de la directiva quedarán disponibles para expulsar inmigrantes".