El Supremo acelera el fin de Guantánamo

El Tribunal Supremo de EE UU aceleró ayer la agonía de Guantánamo al declarar que los sospechosos de terrorismo detenidos en la base militar en Cuba tienen el derecho constitucional de defenderse ante los tribunales civiles estadounidenses.

En un fallo histórico, con una ajustada votación de cinco contra cuatro, los magistrados infligieron a la Administración del presidente George W. Bush su tercera y más dura derrota judicial sobre este asunto. La sentencia del máximo tribunal garantiza que Guantánamo está políticamente muerto, y rechaza de lleno su legitimidad. Pero no asegura el fin inmediato de las audiencias militares que ahora se celebran en la isla ni que los presos vayan a ver revisados inmediatamente sus casos en tribunales federales.

Tendrán que ser ahora los jueces federales los que decidan cómo aplicar la doctrina marcada por el Supremo. "Determinamos que estos presos tengan el privilegio de hábeas corpus", escribió el juez Anthony Kennedy, representando a la mayoría de la Corte, en un fallo de 70 páginas. Junto a él se alinearon el resto de los jueces liberales del Tribunal Supremo: John Paul Stevens, Stephen Breyer, Ruth Ginsburg y David Souter.

El presidente del Tribunal, John Roberts, quien fue designado por el actual Gobierno, criticó duramente a sus colegas por eliminar lo que calificó como "el conjunto más generoso de protecciones de procedimiento jamás otorgado a extranjeros como combatientes enemigos". Samuel Alito, Antonin Scalia y Clarence Thomas también disintieron de la mayoría.

El juez Scalia, en un acto poco convencional, leyó desde su asiento un resumen de su voto en contra: "La nación vivirá para arrepentirse de lo que este Tribunal ha hecho hoy". Seis años después de su creación, el denominado gulag de nuestro tiempo no cuenta con el apoyo de ninguno de los dos candidatos presidenciales, John McCain y Barack Obama, que promueven su cierre.

La Administración Bush ideó el centro de detención de Guantánamo poco después de los atentados del 11-S como un lugar donde encerrar y juzgar a los que se denominó formalmente "combatientes enemigos": presuntos terroristas vinculados a Al Qaeda y talibanes afganos. Bajo esa calificación y en un lugar que técnicamente no es territorio de EE UU, el Gobierno negaba la garantía del hábeas corpus a los prisioneros que mantenía ajenos al mundo y fuera del país, en este caso en tierra cubana, ocupada por EE UU desde que en 1903 ganara los derechos de cesión para usar la base.

El hábeas corpus es un instrumento legal que garantiza el derecho del preso a ser oído por el juez y a saber de qué se le acusa, a fin de evitar las detenciones arbitrarias.

Ayer, el Supremo no sólo certificó que los detenidos tienen derechos legales otorgados por la Constitución de EE UU, sino también que el sistema que la Administración republicana estableció para calificarlos de combatientes enemigos y sacarlos del sistema judicial norteamericano era "inadecuado". Hasta esta nueva decisión del más alto tribunal, la Administración Bush había conseguido circunvalar o revertir con argucias legales los dos anteriores reveses infligidos por el Supremo.

En junio de 2004 el Supremo dictaminaba por primera vez en este asunto. "Los tribunales de EE UU tienen la jurisdicción requerida para disputar la legalidad de la detención de ciudadanos extranjeros capturados en el extranjero en actividades hostiles y encarcelados en la bahía de Guantánamo". Tres reos invocaron la fórmula de hábeas corpus ante un tribunal civil de Washington. El caso llegó al Supremo, que falló que los detenidos podían llevar su caso a tribunales civiles. Pero esa misma sentencia tenía un "agujero legal" que permitió al Pentágono mantener el campo de detención prácticamente intacto. La mayoría de jueces ratificó la teoría del Gobierno de que se podía retener a los "combatientes extranjeros" indefinidamente, sin presentar cargos contra ellos o someterles a juicio. Entonces, el Departamento de Defensa organizó en Guantánamo una serie de tribunales militares, compuestos por tres oficiales, que revisaban quién era, y quién no, "combatiente enemigo". Esos tribunales siguen hoy en marcha.

Dos años después, en 2006, el Supremo volvió a emitir un fallo sobre Guantánamo, en esta ocasión atacando directamente a la estrategia del Pentágono. En el caso Hamdan contra Rumsfeld, la máxima instancia judicial de EEUU decía que la estrategia de montar tribunales militares para juzgar a prisioneros de guerra extranjeros detenidos en combate "violaba el Código de Justicia Militar y las cuatro Convenciones de Ginebra firmadas en 1949" y no estaba apoyada en ninguna norma.

El Congreso de EE UU, dominado entonces por los republicanos, aprobó una ley en el verano de 2006 para dar su cobertura expresa a los tribunales militares. En este texto, conocido como la Ley de las Comisiones Militares, se imponían duras condiciones para los presos retenidos en Guantánamo. Entre otras cosas, se les impedía acceder a pruebas presentadas en su contra y se les privaba de la posibilidad de apelar la pena de cárcel.