El juez envía a prisión a un empresario por la muerte de un peón sin contrato

Juan José Luque encontró la muerte en una obra pirata. Este obrero de 23 años falleció electrocutado el miércoles pasado en Priego de Córdoba. El trabajador no estaba dado de alta, conducía una grúa aunque no tenía la "autorización de la administración correspondiente" y la obra en la que falleció no disponía de licencia municipal, según indicaron ayer fuentes de la investigación. La Guardia Civil detuvo el pasado jueves al dueño de Construcciones Gil Valverde S. L. Ayer pasó a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión sin fianza por un presunto delito de homicidio imprudente y otro contra el derecho de los trabajadores.

El suceso se produjo el miércoles pasado en una obra de la calle Ribera de los Molinos de Priego. Juan José Luque, que habitualmente trabajaba como conductor de grúa, estaba transportando gavillas de hierro. Una de las barras tocó con un cable eléctrico y el operario recibió una fuerte descarga cuando se encontraba fuera del vehículo. El operario no llevaba ropa adecuada, según Vicente Palomares, responsable del sector de la construcción de UGT: "Iba en zapatillas de deporte, camiseta y pantalón corto".

El responsable de la empresa fue quien se hizo cargo del asunto. "Se lo llevó en su propio coche al centro de salud", sostiene Palomares. El 112 confirmó ayer que no constan en sus archivos llamadas de aquel día alertando del suceso. De hecho, el aviso sobre el incidente le llegó a la Guardia Civil a las 14.30 desde el Centro de Salud de la localidad cordobesa.

En su primer parte sobre el asunto, el Instituto Armado sólo detalló que el fallecido "se desplomó" en la obra por una posible parada cardiorrespiratoria. Según Palomares, el empresario "trató de engañar a la Guardia Civil y a los médicos para que certificaran que la muerte era por causas naturales". La autopsia determinó que el trabajador se había electrocutado.

La Guardia Civil, que ya tenía claro que "no era una muerte natural", comenzó a investigar el asunto y descubrió que el fallecido no estaba dado de alta en la Seguridad Social. Según Palomares, alguien de la empresa intentó dar de alta al accidentado a través de Internet a las 14.30 del mismo día del suceso. Pero la Guardia Civil también descubrió que la obra en la que se produjo el accidente carecía de las licencias municipales necesarias. El Ayuntamiento había dictado la paralización el pasado 30 de mayo, pero la orden no se entregó hasta el jueves por la tarde, cuando la Policía Local se presentó en el lugar para precintar la obra.

La comisión provincial de riesgos laborales había visitado esa promoción de viviendas hacía unos 15 días y, según Palomares, ya se habían detectado "deficiencias graves", aunque no relacionadas con el accidente del miércoles. Palomares sostuvo ayer que su sindicato se personará como acusación en este caso plagado de irregularidades laborales e intentará que sobre el empresario caiga "todo el peso de la ley": "No vamos a permitir que una vez más se pague sólo con dinero una muerte".