El dilema nuclear

Tras la firma de una alianza energética entre Francia y el Reino Unido el pasado mes de marzo, Italia ha venido a sumarse a los Estados europeos que proyectan construir nuevas centrales nucleares. Además de estos tres países, también apuestan por esta fuente la República Checa, Eslovaquia, Lituania y Bulgaria. Y en el II Foro Europeo de la Energía Atómica, celebrado en Praga, el presidente de la Comisión, Durão Barroso, destacó sus eventuales beneficios en la lucha contra el cambio climático. Se asiste, pues, a una creciente rehabilitación de los planes nucleares para uso civil, que sufrieron un frenazo a raíz de las dificultades financieras derivadas de la crisis de 1973 y de los temores suscitados por el accidente de Chernóbil. La propia Italia reaccionó entonces estableciendo una moratoria de cinco años que, de hecho, se convirtió en indefinida y que ahora pretende revisar el Gobierno de Berlusconi.

Los problemas que presenta la energía nuclear están sobradamente diagnosticados y se refieren, además de al factor político -la opinión pública mayoritaria es contraria a su uso-, a la seguridad de las instalaciones, el tratamiento de los residuos, la eventualidad de la proliferación con fines militares y, por descontado, el coste. Los avances tecnológicos son el principal argumento esgrimido por los partidarios de esta energía en materia de seguridad y, en cuanto al problema del coste, el incremento de la factura del petróleo está invitando a considerar la opción nuclear. Es mucho lo que está en juego. La decidida incorporación de China e India a un modelo de crecimiento intensivo en el uso de energía evoca, en el fondo, la cuestión de los límites: saber si para que unos crezcan más otros habrán de hacerlo menos mientras no se encuentre una alternativa energética.

Hasta ahora, el Gobierno español se ha manifestado contra el recurso a la energía nuclear. Pero lo ha hecho atendiendo a estrictas razones políticas, en la convicción de que su electorado se opone al empleo de esta fuente. En un debate de esta naturaleza, recurrir a argumentos débiles o insuficientes es tanto como excluirse del debate, y hay factores que obligarían a una toma de posición más razonada. Factores como, por ejemplo, la necesidad de garantizar el suministro energético o evitar que la factura del petróleo, cuya evolución es poco esperanzadora, comprometa gravemente la situación económica. O como la imposibilidad de asegurar España contra los accidentes en otros países europeos que hayan optado por construir nuevas centrales.

Lo quiera o no, el Gobierno no puede mantener España al margen de un trascendental debate energético que, hoy por hoy, se centra en adoptar una posición razonada sobre el dilema nuclear. Los motivos políticos en los que el Gobierno ha apoyado hasta ahora su negativa no le eximen de considerar ni de dar una respuesta fundamentada a los motivos que abogan por el recurso a esta fuente.