La investigación aprecia indicios de responsabilidad política en el 'caso Irún'
Las Juntas constatan "líneas de trabajo" para aclarar el fraude fiscal
Hay una coincidencia general entre los partidos guipuzcoanos acerca de los avances que se están produciendo en la comisión de las Juntas Generales que investiga desde noviembre pasado las posibles responsabilidades políticas en el fraude cometido en la Hacienda de Irún. El portavoz de la comisión, el socialista Julio Astudillo, explicó ayer que han encontrado "líneas de trabajo" que alimentan la confianza de un esclarecimiento de los hechos, aunque advirtió de que todavía es "prematuro" avanzar una conclusión sobre este caso.
La comisión de investigación celebró ayer una nueva reunión en la que se analizaron los pasos dados hasta ahora y se hizo una puesta en común de la información recabada durante las comparecencias y la abundante documentación que obra en poder de los grupos. La reunión coincide con el final del primer bloque de declaraciones por parte de técnicos del Departamento de Hacienda, responsables de las centrales sindicales y asesores fiscales. Las Juntas abrirán ahora un segundo bloque de comparecencias y llamarán a los directores de Hacienda, diputados del ramo y diputados generales desde el año 1991.
Astudillo aseguró en nombre de la comisión que los datos y la información revelada hasta la fecha sobre el fraude de Irún están permitiendo seguir varias pistas para determinar si hubo responsabilidades de tipo político en los hechos, que al mismo tiempo están siendo investigados por la vía penal en un juzgado de Irún. Una trama presuntamente dirigida por José María Bravo, ex director de la oficina tributaria, dejó de ingresar 8,1 millones al fisco guipuzcoano. También están imputados en esta causa su esposa, Rosa Cobos, y sus socios Pilar Gracenea y Pedro Atristain.
La existencia de una red que operaba de forma fraudulenta en la sede tributaria de Irún fue descubierta por una auditoría interna realizada por la propia Diputación. El portavoz de la comisión apuntó que el contenido dicha fiscalización "demuestra objetivamente que algo falló dentro de Hacienda", por lo que "algún responsable tiene que haber" en la institución. Los representantes de Eusko Alkartasuna y el Partido Popular en la comisión, Josean Rekondo y Juan Carlos Cano, respectivamente coincidieron con Astudillo en que las líneas de investigación abiertas pueden dar sus frutos.
Todos los partidos convinieron en que el carácter secreto de las comparecencias y de las deliberaciones está siendo "un gran valor", dijo Astudillo. "En una comisión abierta no hubiera sido posible llegar a este punto", añadió. El portavoz, que calificó de "excelente" el clima de trabajo, indicó que no ha encontrado reticencias "en ningún partido político" para continuar con las investigaciones. Y concluyó afirmando que "los ciudadanos tiene que estar plenamente confiados en que las conclusiones de la comisión van a ser serias, creíbles y no les van a defraudar".
18 comparecencias y dos ausencias
Las comparecencias de las personas que han declarado hasta ahora ante la comisión de investigación de las Juntas sobre el fraude de Irún se han centrado en "el funcionamiento del procedimiento recaudatorio", así como en "los sistemas de control de los ingresos tributarios de Hacienda", según informó ayer su portavoz, Julio Astudillo. Por este órgano han pasado técnicos del servicio de Atención Tributaria, los coordinadores de las oficinas tributarias, responsables de la unidad de Recaudación y del servicio de Intervención y Auditoría. En total, han respondido a la citación 18 personas, frente a solamente dos ausencias, las de José María Bravo, el principal imputado, y del abogado Mariano Bravo.
Uno de los elementos más determinantes para poner luz sobre los hechos ocurridos en la oficina de la localidad fronteriza es el informe de auditoría sobre bajas por insolvencia en 2003 elaborado por el Servicio de Intervención y Auditorías. Este informe es parte de la "abundante" documentación recopilada por la comisión, proviniente principalmente de los departamentos forales de Presidencia y de Hacienda.
De las cuatro personas imputadas en este caso, sólo se llamó al ex director de la oficina, José María Bravo, el principal imputado en el caso, y a Pilar Gracenea, ambos funcionarios de Hacienda. El primero, que no ha declarado ante la juez que instruye la causa, comunicó a través de un escrito de su abogado que no iba a acudir a las Juntas. Gracenea, en cambio, sí aceptó la invitación y negó todas las acusaciones que pesan sobre ella. Aseguró que nunca sospechó de la trama urdida por José María Bravo y al finalizar su comparecencia reconoció estar "muy tranquila", porque no tenía "nada que ocultar" sobre su trabajo cuando se cometió la estafa millonaria.
Tampoco acudió a la cita el abogado y asesor fiscal Mariano Bravo, quien no tiene ninguna vinculación familiar con los hermanos Víctor y José María Bravo. Excusó su ausencia por la "publicidad" que entrañaba la citación y su asistencia a la comisión. Otra de las intervenciones destacadas fue la del abogado Fernando Argote, quien estuvo personado como acusación particular en el procedimiento penal y que ha aportado "documentación interesante" sobre este asunto.
Las próximas comparecencias
- Directores de Hacienda. El próximo 6 de junio declarará el ex director de Hacienda Iñaki Rica. Durante su ejercicio se destaparon los hechos presuntamente delictivos. También se llamará a su antecesor en el cargo, Víctor Bravo, ex senador del PNV y hermano del principal imputado.
- Diputados de Hacienda. En principio, comparecerán los ex diputados Antton Marquet y Juan José Mujika, ambos del PNV, y el actual responsable de las Finanzas, Pello González, de EA. No se descarta convocar al ex diputado Luis Mari Bandrés, cuya esposa, Maite Moneo, figura entre los deudores que entablaron negociaciones con la trama.
- Diputados generales. En el último bloque serán llamados Román Sudupe, Joxe Joan González de Txabarri y Markel Olano, todos del PNV.
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