La política colombiana, bajo sospecha por los lazos con los grupos armados

Los ordenadores del fallecido Raúl Reyes, número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), amenazan con desatar un nuevo escándalo, esta vez en el baqueteado Congreso. Una semana después de que Interpol certificara que los documentos interceptados por las autoridades no fueron alterados, la fiscalía colombiana ha abierto una investigación a tres legisladores por sus supuestos vínculos con el grupo armado, catalogado como organización terrorista. El llamado proceso de la farcpolítica se une al de la parapolítica, que mantiene bajo investigación a 64 congresistas (la mayoría de ellos, de la coalición que apoya al Gobierno de Álvaro Uribe), acusados de tener nexos con los grupos paramilitares que azotaron el país hasta la negociación que culminó con su desmovilización, en 2006.

Los tres legisladores ahora investigados son la senadora Piedad Córdoba, del Partido Liberal -que medió con el presidente venezolano, Hugo Chávez, en la liberación de rehenes de la guerrilla- y dos representantes del izquierdista Polo Democrático, Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja. Por su condición de aforados, será la Corte Suprema quien se encargue del expediente.

Además, la fiscalía indaga a otras nueve personas, entre ellas dos periodistas y cuatro ciudadanos extranjeros: el venezolano Amílcar Figueroa, miembro del Parlamento Latinoamericano, quien figura en los correos como encargado de conseguir armas para la guerrilla, dos ecuatorianos (la diputada oficialista María Augusta Calle e Iván Larrea, hermano del ministro de Seguridad de ese país) y un profesor estadounidense.

Según la fiscalía, los tres legisladores colombianos "excedieron su condición política" y "asesoraron a las FARC en varias situaciones". En el caso de Piedad Córdoba, hay 900 correos intercambiados con la dirigencia de la guerrilla. La senadora utiliza el alias de Teodora de Bolívar. En algunos de los documentos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, Raúl Reyes se refiere a ella como "la amiga del turbante" o "nuestra querida senadora". En septiembre de 2007, Reyes explica que la senadora le ha confiado que ha recibido de Chávez 100 millones de dólares para obras sociales en su departamento. "De ser así no sería descartable conseguir nosotros 250 millones", añade el jefe guerrillero, muerto en un ataque del Ejército colombiano a su campamento en Ecuador, el pasado 1 de marzo. En los correos, Piedad Cordoba deja patente su devoción por Hugo Chávez y dice compartir los objetivos del grupo armado, cuyos dirigentes se muestran dispuestos a apoyar su candidatura presidencial en 2010. No faltan alusiones jocosas del jefe de las FARC, Pedro Antonio Marín, Tirofijo, quien asegura que Córdoba tiene "una gran facilidad mental y lengua hasta para nombrarla como jefe de culebreros aspirante a la presidencia de la República".

La senadora liberal se declaró ayer "perseguida política" y denunció "un montaje en su contra" con el que se pretende tapar el escándalo de la parapolítica. "No me dejaré amedrentar por un régimen mafioso", añadió.

El Polo Democrático, por su parte, expresó su "total apoyo a la fiscalía y a la justicia", al tiempo que dio su respaldo a los dos legisladores investigados. Otros dirigentes del Polo son blanco de las críticas en los documentos de la guerrilla, entre ellos el senador Gustavo Petro, empeñado en la modernización de la izquierda.

La decisión de la fiscalía agudiza la crisis en un Congreso muy cuestionado, hasta el punto de que el presidente, Álvaro Uribe, no descarta el adelanto de las legislativas. Algunos analistas creen que la situación es consecuencia de los años en los que, ante la ausencia del Estado, el país estuvo en manos de grupos armados que además movían grandes sumas de dinero por el narcotráfico. Y lo comparan con la crisis que la Operación Manos Limpias generó en el Parlamento italiano en los años noventa.