La dueña de una finca cobrará 99.000 euros por el daño causado por 179 nidos de cigüeña

El Tribunal Superior de Madrid ha condenado a la Comunidad de Madrid a indemnizar con 99.348 euros a la propietaria de la finca Prado Herrero, situada en la Cuenca Alta del Manzanares, por los perjuicios ocasionados por el aumento de la población de cigüeña blanca, que pasó de tener censado un solo nido en 1989 a 179 nidos en 2001.

La cigüeña blanca, (Ciconia ciconia) está considerada de especial interés en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, por lo que está prohibido darle muerte, dañarla, molestarla o inquietarla, incluyendo su captura en vivo y la recolección de huevos y crías.

Debido a la bondad climatológica de los últimos años y a la abundancia de alimentos, las cigüeñas han permanecido en la finca sin realizar sus viajes migratorios, expandiéndose su población en proporción geométrica. Además, las actividades agropecuarias de la finca, dedicada la cría de ganado, incluía el trasmoche de fresnos que dejaba una plataforma "muy cómoda para la construcción de un nuevo nido".

La propietaria reclamó una indemnización a la Comunidad alegando que ningún propietario de una finca permitiría ese desorbitado crecimiento de la nidificación de cigüeñas blancas si estuviera a su alcance derribar los nidos.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid se escudó en que la protección de la cigüeña común se debe a normas comunitarias, estatales y autonómicas y la obligación de respetarlas recae sobre cualquier ciudadano.

La sentencia del Tribunal Superior señala que la prohibición de dañar o molestar a las cigüeñas puede quedar sin efecto cuando se deriven perjuicios para la salud o la seguridad de las personas, de otras especies, o haya que prevenir perjuicios para los cultivos, el ganado, los bosques, etcétera. Por tanto, la demandante debió haber instado esas medidas para la protección de la finca.

Ahora bien, la ley también obliga a la Comunidad a proteger la integridad del conjunto de los ecosistemas, lo que incluye el control de las especies, y en este caso se produjo un desequilibrio por el aumento de población de cigüeñas. Ante la concurrencia de culpas, la sentencia reduce salomónicamente a la mitad la indemnización solicitada, dejándola en 99.348 euros.