La cara factura del 'Prestige' en EE UU

El intento del Gobierno de lograr por la vía civil en EE UU compensaciones millonarias por los daños causados por el naufragio del Prestige en 2002 le está resultando caro. Desde que en mayo de 2004 presentó en un juzgado federal de Nueva York una demanda contra la entidad privada que certificó el buen estado del vetusto petrolero -la American Bureau of Shipping (ABS)- el Ejecutivo se ha gastado ya 21,6 millones de euros en abogados y peritos, una cantidad que podría rondar los 30 millones al concluir este año. Y las expectativas de obtener la indemnización pretendida con este litigio a la americana -mil millones de dólares- son muy limitadas, según fuentes jurídicas. De hecho, la juez de la Corte Federal de Manhattan desestimó en enero la demanda por estimar que debería ser planteada ante tribunales españoles, una decisión que la Administración ha recurrido.

El Ejecutivo del PP reclamó en 2003 700 millones de dólares

La demanda se presentó contra ABS, que certificó el buen estado del buque

La instrucción penal por el hundimiento se eterniza en un juzgado gallego

Por el contrario, el Juzgado de Corcubión (A Coruña), donde se eterniza la instrucción penal por el hundimiento del petrolero, admitió a trámite en marzo la querella de la plataforma Nunca Mais contra ABS por negligencia grave en las inspecciones que avalaron las condiciones de navegabilidad del buque. Esta decisión de la juez se adoptó con la oposición del fiscal y la aceptación del abogado del Estado. La posición de éste ha causado sorpresa en las partes personadas en la causa, que consideran que la admisión de una querella en España contra la sociedad clasificadora arruina las pretensiones de que prospere la demanda civil en EE UU.

De los 21,6 millones abonados por el Gobierno hasta diciembre de 2007 por esta causa, 14,8 millones son honorarios de los abogados del bufete Holland & Knight y los 6,7 millones restantes por gastos periciales e informes varios, según el Ministerio de la Presidencia. Los pagos se realizan por medio de los presupuestos de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar).

La demanda civil contra ABS fue presentada en Nueva York por el Gobierno del PP en mayo de 2003, pidiendo una indemnización de 700 millones de dólares. A finales de 2004, el Gobierno socialista elevó la reclamación a mil millones de dólares y, dado que ABS es una fundación sin ánimo de lucro, se amplió la demanda a dos empresas dependientes.

Con esta actuación sin precedentes ante la justicia estadounidense se trataba de obtener compensaciones por los daños que ocasionó la marea negra del Prestige a cuenta de la sociedad que certificó la navegabilidad del buque en las inspecciones que pasó en China (2001) y Dubai (2002), y rebasando los límites establecidos en el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Contaminación debidas a Hidrocarburos (CLC 1992). El convenio -del que España es signataria, pero no Estados Unidos, lo que permite la acción civil en Nueva York contra ABS- limita la responsabilidad al propietario del buque a una cantidad establecida según el arqueo del barco (23 millones en el caso del Prestige), salvo que los daños hayan sido consecuencia de una actuación temeraria o gravemente negligente. En ese caso el armador debería sumir el coste total de los perjuicios causados. Asociado al CLC 1992 opera, asimismo, el Fondo de Indemnización de Daños Ocasionados por Hidrocarburos (Fidac), constituido con aportaciones de los importadores de productos petrolíferos, para indemnizar a personas y entidades que no han podido obtener compensación por el límite de responsabilidad del propietario. Hasta mayo de 2003, la disponibilidad del fondo era de 171 millones de euros, que se ha ampliado tras la reforma aprobada en esa fecha a cerca de mil millones.

El intento de lograr una compensación millonaria en EE UU ha sido calificada de "aventurada" por expertos en derecho marítimo consultados, que estimaron previsible la resolución dictada el pasado 2 de enero por la juez federal Laura Swain. Ésta declaró la incompetencia de los tribunales estadounidenses y resolvió que "España debe limitarse a obtener respuesta dentro de los límites dictados por la convención [CLC 1992] y en sus propios tribunales". No obstante, la Abogacía del Estado ha recurrido la desestimación de la demanda, por lo que los gastos del proceso, que ha consumido a su vez gran parte de la póliza de responsabilidad de 50 millones de dólares que tiene suscrita ABS, siguen creciendo.