Delitos ecológicos

La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla ha denunciado a cinco empresas de la industria aceitunera de Morón de la Frontera y atribuye a sus representantes legales la comisión de un delito ecológico. Estima que estas empresas han realizado vertidos contaminantes al río Guadaira y al alcantarillado público, haciéndolos coincidir con los días de lluvia y, de esta forma, ocultar estos vertidos.

También interpone denuncia contra el alcalde y el concejal de Medio Ambiente de esta localidad. Entiende que los responsables municipales no adoptaron ninguna medida de control a pesar de conocer los hechos y tener competencia para hacerlo.

La presentación de estas denuncias, y su extensión vía responsabilidad penal a representantes municipales, muestra que la red de Fiscales Medioambientales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que se creó en el año 2004, está funcionando y, además, con cierta eficacia, como revela el incremento de las denuncias año a año. Es verdad que, en la mayoría de los casos, estas denuncias se concretan más en los delitos urbanísticos y contra lo ordenación del territorio, que contra los delitos ecológicos considerados en sentido estricto. También, como se ha puesto de relieve en últimas memorias de la Fiscalía del TSJA, que en ocasiones hay responsabilidad por parte de instituciones y cargos públicos.

Pues bien, con independencia del resultado de estos procedimientos abiertos a instancias de la Fiscalía, ya que será la sentencia que recaiga en ellos la que ponga punto y final a estas denuncias, lo que se refleja es que tenemos una vía penal por la que se puede exigir responsabilidades. Hay respuesta del Estado frente a este tipo de actuaciones que actúa como instrumento coercitivo -actualmente estos delitos estás castigados con penas de prisión de hasta cuatro años-. Sin embargo, y aún cuando esta conductas tienen relevancia penal, para una mejor respuesta por parte de la sociedad es necesario realizar una labor preventiva por instituciones locales y autonómicas. Y es así porque uno de los principios de las políticas rectoras que deben seguir los poderes públicos, tal como se establece en el artículo 45 de la Constitución, es el de velar por la correcta utilización de los recursos naturales y restauración del medio ambiente. En la misma línea, y dentro de estas políticas, se pronuncian los artículos 28 y 37.20 del Estatuto de Andalucía. Es necesario, por tanto, que, en clara coherencia con las sanciones penales, las instituciones autonómicas realicen una política preventiva que proteja el medio, lo que debe ejecutarse en franca colaboración con otras comunidades autónomas. Es fácil de entender. Ni los ríos ni el mar son exclusivos de una comunidad y, tanto su discurrir como sus aguas, afectan a distintas autonomías. Labor de prevención que, arropada con fuertes sanciones administrativas, exigen un efectivo control, que comience en el propio establecimiento de la empresa y continúe con su vigilancia y con rigor. Y aquí, entiendo, que, junto con los poderes públicos, tienen una labor fundamental los grupos políticos. Estamos comprobando que, en los delitos de corte urbanístico y en tantas conductas en contra de los intereses públicos, se guarde o se voceen por los grupos en función de que los imputados pertenezcan a uno u otro grupo. Ejemplos hay, y muchos. Unos ejemplos que extienden por la sociedad una sensación de impunidad, que es caldo de cultivo para que estas actuaciones se sigan generando. Un no cerrar los ojos a estas conductas y una descalificación a sus presuntos autores por parte de los grupos a los que pertenecen, cuando existan actuaciones penales admitidas por los tribunales, introducirían factores nuevos que podrían invertir la tendencia en los delitos medioambientales y corregir su incremento. No debe ser muy difícil. Sólo exige buena voluntad y determinación. Después de todo, los grupos políticos en sus programas electorales introducen, como una de sus políticas, la protección de los recursos naturales. Esta apuesta se compadece mal cuando sus alcaldes y cargos públicos están imputados por estos delitos y siguen representando a las instituciones públicas como si, en lugar de estar imputados, formaran parte de la policía especializada en su protección y cuidado.