Aragón se opone ahora a la compra de agua del Ebro para trasvasarla a Barcelona

Estaba todo atado, pactado y cerrado. La Generalitat de Cataluña compraría agua a regantes del Ebro para que éstos dejasen de plantar y se trasvasaría a Barcelona mediante una nueva tubería. "No es un trasvase", declaró la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Y, sin embargo, el Gobierno de Aragón (del PSOE) se descolgó ayer con que se opone al plan. Sí acepta que Barcelona beba agua del trasvase existente a Tarragona, pero no la compra de derechos. Y anunció que, si no se tramita en el Congreso y se modifica ese punto, está dispuesto a recurrir el decreto-ley del Gobierno al Tribunal Constitucional.

El encaje de bolillos del Gobierno para no llamar trasvase al envío del agua del Ebro a Barcelona se tambalea. El Ejecutivo decidió -apoyado en un informe de la Abogacía del Estado- que la compra de agua no supone un trasvase. La Administración compra agua a los regantes del Ebro, éstos no plantan y el caudal se envía a Barcelona. En teoría, la operación no rebaja el caudal del Ebro.

"Es un precedente muy grave, que privatiza la gestión del agua. ¿Qué ocurrirá si dentro de unos años una urbanización de Castellón compra agua a los regantes de Huesca? ¿Eso no es un trasvase?", se preguntaron fuentes del Ejecutivo que preside Marcelino Iglesias, que ayer comunicó su oposición a la Generalitat y al Ministerio de Medio Ambiente. Aragón sí apoya que Barcelona beba agua de la concesión que desde 1981 tiene Tarragona y que no usa en su totalidad, aunque en ese caso sí disminuiría el caudal del Ebro en la desembocadura.

La decisión se produce en vísperas de que se reúnan, hoy en Zaragoza, representantes del Gobierno, la Generalitat y los regantes del Ebro. En un principio, la Generalitat pensaba comprar agua a los regantes del Delta del Ebro. Pero a petición de Medio Ambiente extendió la oferta a regantes de toda la cuenca, que abarca a nueve comunidades autónomas. El ministerio consideró que con esta decisión evitaba que las distintas comunidades de regantes emprendieran una carrera especuladora de venta de agua, como ocurrió con regantes del Tajo ante la oferta de compra por parte de la cuenca del Segura. La reunión no se prevé sencilla, ya que los regantes llegan sin intención de vender.

La Junta de Castilla-La Mancha (del PSOE) también ha encargado un informe jurídico sobre cómo le afecta la decisión del Gobierno. Hasta ahora, la venta de agua del Tajo al Segura era considerada un trasvase y estaba limitada, pero el nuevo criterio puede permitir enviar mucha más agua al Segura.