Los dueños de Druckguss se enfrentan a una petición de embargo de 10 millones

Los dueños de Druckguss Ibérica, la empresa de automoción ubicada en el polígono de Igorre que echó la persiana el pasado mes de octubre en plena huelga legal de 30 de sus 50 trabajadores, se enfrentan a una petición de embargo de 10 millones de euros para hacer frente a todas las deudas que dejaron detrás.

El Gobierno y la Inspección de Trabajo denunciaron a la empresa

Los administradores judiciales designados en el concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) que el fabricante de piezas presentó a finales de diciembre pasado han remitido un escrito al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao en el que solicitan el embargo de los bienes de los propietarios de la firma. Los afectados son José Antonio Iturrioz como accionista principal, su yerno Víctor Furundarena, así como la esposa y los tres hijos del primero.

Los huelguistas pasaron cerca de tres meses, incluidas las navidades, en una construcción de madera, cartón y plásticos que levantanron junto a las instalaciones de la compañía, en demanda de su empleo y de su salario. La última nómina que cobraron fue la de agosto. Sus salarios medios ascendían a unos mil euros mensuales y no habían actualizado el IPC desde 2004. Entre sus demandas salariales se incluían subidas del 3,6% y del 3,2% para los años 2005 y 2006, y un incremento salarial lineal de 1.200 euros anuales para el ejercicio de 2007.

Tanto la Inspección de Trabajo como el Departamento de Empleo calificaron de "ilegal" el cierre patronal de la empresa. La Inspección remitió además en octubre a la fiscalía la actuación del empresario, José Antonio Iturrioz, por si pudiera ser constitutiva de delito penal.

Los trabajadores denunciaron que Iturrioz desmanteló la planta de Igorre para montar otra en Rumania con el mismo objetivo y maquinaria, pero mano de obra mucho más barata.

Tanto el Gobierno vasco como la Inspección de Trabajo denunciaron en octubre la actitud de la empresa ante los requerimientos de las instancias oficiales. En una primera llamada, la dirección de la firma se negó incluso a reunirse con la Inspección de Trabajo.

El inspector denunciaba la actitud patronal por el cierre durante la huelga y por "incumplir la resolución de reapertura dictada por la autoridad laboral". La dirección de la empresa no hizo ningún movimiento encaminado a resolver el conflicto y prosiguió con su traslado a Rumania.

Los administradores concursales piden ahora al juez que instruye el caso que proceda al embargo de bienes inmuebles, cuentas bancarias y las acciones de la nueva sociedad creada en el citado país del este de Europa. Y ello como acción preventiva para hacer frente a la diferencia entre las deudas contraídas con los bancos y el valor de los activos de la firma que todavía quedan en el polígono industrial de Igorre.

De forma paralela, los administradores judiciales siguen elaborando el informe con la descripción del resto de acreedores y la cuantía de la deuda. Se sabe que la sociedad española vendió a la filial rumana, formada entre otros por los mismos socios de Druckguss Ibérica, activos por valor de siete millones de euros.

Los trabajadores denunciaron que la empresa sacó en camiones la mayor parte de los medios de producción. Los operarios se encontraban en una chabola anexa cuando numerosos camiones sacaron material en septiembre y octubre pasados.