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Reportaje:

¿Está perseguido el castellano?

El fomento del catalán, el euskera y el gallego ha originado movimientos en defensa de la lengua común, aunque el verdadero debate está en los derechos individuales

Cataluña, Euskadi, Galicia, la Comunidad Valenciana y Baleares tienen hace años leyes propias para proteger sus idiomas tradicionales y fomentar su uso. Catalán, euskera y gallego, prohibidos o marginados durante buena parte del siglo XX, son hoy lenguas oficiales junto al castellano en estas comunidades autónomas y están protegidas por la Constitución. En tres décadas de democracia, la presencia de estas lenguas se ha extendido notablemente.

En Cataluña y Galicia no se puede estudiar sólo en castellano

El 70% de los comercios de Euskadi no utiliza el idioma vasco

La media de lectura en PISA de vascos y gallegos supera la media española

"Lo que induce al conflicto es el sectarismo", asegura el PP catalán

La política lingüística no pone en peligro el castellano, dicen sus defensores

"Queremos conseguir el dominio de las dos lenguas", explican en Galicia

El concepto de "política lingüística" es inaudito en el resto de España, donde sólo hay una lengua oficial. Pero estas comunidades siguen avanzando en la promoción de su lengua tradicional con el objetivo de llegar a equipararla en importancia con la lengua común. Por primera vez, desde hace pocos meses, hay quien levanta la voz asegurando que se está produciendo una progresiva falta de espacio del castellano, e incluso se habla de persecución.

Son movimientos pequeños, muy recientes en Euskadi y Galicia y más consolidados en Cataluña, articulados políticamente sobre todo por el PP. Pero hace un año que en Galicia surgió un movimiento asociativo que asegura ver sus derechos amenazados como castellanohablantes. En enero, también un grupo de padres de alumnos comenzó una protesta similar en Euskadi, donde antes no generaba tensión la política lingüística. En los tres casos, la clave está en la educación. En Cataluña y Galicia no existe la posibilidad de estudiar sólo en castellano. En Euskadi sí, pero es una opción minoritaria, y el Gobierno vasco proyecta hacerla desaparecer por completo en dos años.

Aunque el castellano está muy lejos de ser un idioma amenazado en estas comunidades, el tema toca uno de los pilares de la vida de las personas, la educación de los hijos y su futuro. Un ámbito en el que cualquier preocupación es legítima, más allá de ideologías.

Los afectados castellanohablantes esgrimen la Constitución y los derechos humanos para reclamar como un derecho escolarizar a sus hijos en su lengua materna. La Constitución dice que "el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". Utilizarlo es un derecho constitucional, y conocerlo, un deber. Pero también dice la Constitución que "las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos". Es decir, todo lo concerniente a esas lenguas se regula en los estatutos y depende de las comunidades. Además, las protege: "La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

Por su parte, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dice: "Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos". La Declaración no hace ninguna referencia a la lengua materna, aunque sí rechaza en otro artículo la discriminación por razón de idioma. La Constitución cita a la Declaración como referencia cuando haya que interpretarla.

La clave que justifica las políticas lingüísticas es una convicción: la potencia del castellano es tal que las lenguas cooficiales son incapaces de competir con él. Y no se resignan ante el darwinismo lingüístico. Esta idea la resumió excelentemente el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Lluís Carod Rovira, durante el debate del Estatuto catalán en el Senado, en mayo de 2006. El PP se quejaba de la agresión al castellano que suponía el nuevo texto. Así respondió, en catalán, Carod Rovira: "El castellano es una lengua hablada por 400 millones de personas que dentro de poco serían muchas más. ¿Alguien puede sostener de verdad que el futuro de la lengua española depende de Cataluña? ¿De verdad? Quien haya entrado en cualquier establecimiento de Cataluña habrá visto que se usan normalmente las lenguas más diversas, y que el catalán no está entre ellas. ¿No tenemos derecho como ciudadanos a reclamar la presencia normal de nuestra lengua? [...] ¿Es normal que, fuera del ámbito catalán, haya sólo nueve universidades españolas en las que se enseña catalán? Eso frente a las 14 de Italia, 16 de Francia, 21 de Gran Bretaña y 29 de Alemania".

Hay que concederle a Carod Rovira que el futuro del castellano como idioma mundial no está amenazado por su partido, ni por la Generalitat catalana. En comparación, el catalán o el euskera tienen muchas más papeletas de ser barridos por la globalización.

Pero hay que distinguir dos niveles en esta polémica, y analizarlos por separado. Como explica el académico de la RAE José Antonio Pascual, "un asunto son los derechos individuales de las personas y otro es el peligro para el castellano". Pascual considera, por un lado, que "el castellano no está amenazado". Y por otro, que "el que no puede escolarizar a su hijo en castellano tiene derecho a quejarse. La discriminación positiva de una lengua no justificaría actuar contra otra, como supondría que no se pudiera enseñar".

Se queja, además, de que la politización de este asunto, "que no es ni blanco ni negro", haga parecer que todo el mundo está situado en algún bando. "Soy un defensor absoluto del bilingüismo. Y no estoy de acuerdo con amigos catalanes que lo fueron también, pero que ahora propugnan el monolingüismo con el fin de salvar al catalán: el fin no justifica los medios".

¿Hasta qué punto está ocurriendo esto en Cataluña, Euskadi y Galicia? En Euskadi, desde enero un grupo de padres, bajo la denominación de Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, protestan porque creen que se margina el uso del castellano y se priva a sus hijos del derecho a escolarizarse en esa lengua.

En Euskadi la educación se divide en tres modelos: el A, en castellano, el B, bilingüe, y el D, en euskera (no hay C porque esta letra no existe en vasco). Apenas un 5% de los padres han pedido el modelo A para sus hijos en primaria este año. La educación en castellano ha ido reduciendo su implantación, según el Gobierno vasco, por falta de demanda. Según los padres de la Plataforma, estos centros se han ido convirtiendo en guetos de inmigrantes por falta de apoyo e inversión.

Lo que ha hecho el Gobierno vasco, que no tiene poder en el Parlamento para reformar la ley de educación, es fijar como objetivo mínimo un nivel muy alto de euskera. Así, "obligan a los centros a conseguir un nivel tan alto de euskera que la única forma de lograrlo es la inmersión total [todas las asignaturas impartidas en idioma vasco]", dice Susana Marqués, miembro de la asociación. Marqués opina que el origen de esta política está en que "en todos estos años no han conseguido el bilingüismo". Después de más de 20 años educando en euskera, este idioma no está en la calle. Ni siquiera todos los que han estudiado íntegramente en euskera toda su vida lo dominan. No tienen oportunidad de usarlo. El 70% de los comercios de Euskadi no utiliza jamás el vasco.

Patxi Baztarrika es el viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco. Su objetivo es "articular un Euskadi realmente bilingüe". "No se trata de sustituir ninguna lengua. Sólo conseguir una mayor igualdad social de las dos lenguas y una mayor igualdad de oportunidad de uso de las dos", afirma. Es claro cuando dice que "en Euskadi, no aprender euskera no es una opción". "Los que estudian íntegramente en euskera no tienen ningún problema con el castellano. Si salieran del sistema sin hablar castellano bien, yo sería partidario de que se corrigiera", añade Baztarrika.

El castellano "está presente y debe estar presente", continúa. "Pero su fuerza es tal, afortunadamente para él, que plantearse cualquier peligro de debilitamiento por culpa del euskera es ridículo, si se me permite. El castellano es una lengua de Euskadi, pero sería absurdo que nuestro objetivo fuera asegurar la conservación del castellano". Aunque no es de la supervivencia del castellano de lo que se quejan estos padres.

En Galicia, la Xunta publicó el año pasado un decreto que desarrolla la antigua Ley de Normalización Lingüística. Al menos el 50% de las asignaturas deberán ser impartidas en gallego. Entre ellas, las más importantes. En castellano se pueden dar gimnasia, música, tecnología y plástica, aquéllas en las que apenas hay que leer y escribir. El modelo de política lingüística se pactó con el PP en la Xunta, pero ha sido ahora, con el BNG al frente, cuando se ha aplicado en su integridad.

"Vamos a la catalanización", clama Gloria Lago, profesora de inglés y fundadora de la asociación Galicia Bilingüe, surgida a raíz del nuevo decreto, porque considera que margina el castellano. Lago asegura que la situación de las aulas gallegas "es una ficción". "Los profesores fingen durante la clase. Los niños les piden que hablen en castellano y no pueden, porque lo prohíbe la ley. Luego suena el timbre y todos vuelven a hablar su idioma".

La responsable de Política Lingüística en Galicia es Marisol López. Reconoce que en Galicia no hay forma de escolarizarse en castellano, "pero tampoco en gallego". "El plan de estudios es el de una sociedad con dos lenguas. Queremos conseguir el dominio de las dos", continúa. "El castellanohablante, si no se discrimina positivamente el gallego, puede acabar no dominándolo". Y con ello "no se le hurta el derecho a conocer y usar el castellano" reconocido en la Constitución, dice. "Hace poco", argumenta, "se inauguró un colegio trilingüe, con un 95% de horas en inglés y unas pocas en castellano y gallego. ¿Ocurrirá que no aprendan bien estos idiomas? No, porque tienen otros ámbitos donde hablarlos".

Por último, en Cataluña la voz institucional en defensa del castellano la han puesto el Partido Popular y Ciutadans (cuarta y quinta fuerza, respectivamente, en el Parlament). El propio Mariano Rajoy hizo de ello un tema de campaña, y trató de acorralar a Zapatero en un debate televisado para que avalara la política lingüística de la Generalitat. "El 50% de la población de Cataluña es de origen castellanohablante, y es imposible estudiar en castellano, ni en los privados ni en los concertados", dice Carina Mejías, portavoz del PP en el Parlamento catalán. "Como todos ven la tele en castellano, se da por supuesto que se sabe castellano".

"El derecho a usar el castellano está en el artículo 3 de la Constitución, y ese derecho es aplicable a la educación". Para el PP, en las sociedades bilingües "no hay conflicto si no hay alguien que induce a él. En la calle se habla castellano y catalán con toda naturalidad. Los conflictos los inducen estas actuaciones sectarias".

Desde la Generalitat, el responsable de Política Lingüística, Bernat Joan, opina que esta protesta "sólo estaría legitimada si los alumnos en Cataluña no tuvieran una formación adecuada en castellano. Ése no es el caso". El modelo catalán se basa en un principio: "Si vivimos juntos, nos educamos juntos. Tener colegios diferenciados por razón de lengua es muy peligroso". Con esta política, "un entorno completamente catalanizado no es previsible. Creo que en el contexto social hay suficiente castellano como para que se pueda aprender bien".

La respuesta de algunos lingüistas es que la enseñanza del castellano no se puede dejar en manos de la televisión. Por ejemplo, el académico de la RAE Gregorio Salvador considera un "derecho" estudiar en la lengua materna. Y no cree que valga con conocer el idioma por el entorno. "Una cosa es conocerlo y otra es recibir todos los conocimientos en esa lengua. La lengua vehicular debe ser la misma en la que el niño crece, la lengua familiar. Hay niños que van a conocer un castellano hablado, vulgar, para el uso cotidiano. Pero el conocimiento de la lengua materna debe ser un conocimiento pleno en todos los órdenes de la vida". Con estas políticas no se perjudica al idioma, dice Salvador, "sino a las personas, que se ven privadas de la segunda lengua del mundo".

¿Hasta qué punto estas políticas están afectando al conocimiento del castellano? Como sus homólogos de Galicia y Euskadi, Bernat Joan no tiene problema en asumir que "si de repente hay un bajón en rendimiento en castellano, habría que corregir esta política". A este respecto, poco trascendieron fuera de Cataluña unas declaraciones del conseller de Educación, Ernest Maragall, en las que reconocía que los niños de una escuela que acababa de visitar en Olot (en el interior de Girona) tenían "dificultades" para expresarse en castellano.

Pero hay pocos datos para estudiar el fenómeno. En cuanto a Galicia y Euskadi, puede servir el famoso informe PISA, sobre la calidad de la educación en la OCDE. Los alumnos de estas comunidades hicieron la prueba de nivel mayoritariamente en castellano, y las notas en comprensión lectora superan con creces la media española. La enseñanza en estos idiomas tampoco parece influir en el rendimiento en matemáticas, donde las tres comunidades también superan la media de España. En Cataluña, la prueba PISA se hizo en catalán, pero sirva como indicador que las notas medias en selectividad son muy parecidas en las asignaturas de lengua catalana y lengua castellana.

La situación parece estar equilibrada en este momento histórico entre el castellano y las otras tres lenguas de España. Pero, ¿hasta dónde se pretende llegar? Imaginemos, por ejemplo, una Cataluña monolingüe en catalán. Bernat Joan responde rápidamente: "Sería horrible. Significaría que nos hemos aislado, que censuramos prensa y televisión en castellano. Eso es algo que los catalanohablantes hemos padecido, pero no lo hemos aplicado".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de abril de 2008